La Defensoría del Pueblo local se reunió con el gremio de Vialidad Nacional por el futuro de la Ruta 226

La Defensora del Pueblo local, Paula Lafourcade, participó recientemente de una reunión clave en Capital Federal junto a integrantes de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y representantes del Sindicato de Trabajadores Viales Nacionales. 

El encuentro, que fue detallado en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, tuvo como objetivo central establecer una línea de comunicación fluida para monitorear el estado de las rutas nacionales y el impacto de las políticas de ajuste en el sector.

Durante la charla, la Defensora destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con el gremio, liderado a nivel nacional por Graciela Aleñá, debido a la vasta información técnica que poseen sobre el estado de los puentes y las rutas en todo el país. 

La preocupación de la Defensoría local radica en el proceso de desmantelamiento y reducción de personal que atraviesa Vialidad Nacional, lo cual afecta directamente la capacidad de desarrollo de proyectos y el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la seguridad vial.

La funcionaria subrayó que, en el caso de Tandil, la inquietud es compartida por toda la comunidad. "Nos acercamos al sindicato para decir: bueno, tenemos este planteo desde la ciudad de Tandil que es muy fuerte, como esto es un tema que atraviesa toda la ciudad, y eso tiene que hacerse cargo", afirmó la defensora. 

La problemática se agudiza ante la reciente adjudicación de la concesión del tramo atlántico de la Ruta Nacional 226, la cual tendrá una vigencia de 20 años.

La incertidumbre sobre las obras en Tandil

Uno de los puntos críticos abordados durante la entrevista es la falta de precisiones sobre las obras de semaforización y la ampliación de calzada en el tramo urbano de Tandil. 

Según explicó Lafourcade, el pliego de la nueva concesión contempla plazos de tres o cuatro años para la ejecución de semáforos, pero carece de detalles técnicos sobre la ubicación exacta de los mismos o si se realizarán trabajos adicionales para mejorar el flujo vehicular.

La Defensora enfatizó que las obras proyectadas resultan insuficientes para las necesidades actuales de la ciudad. "Pedíamos la finalización de las colectoras, que para nosotros es fundamental terminarla hasta la Ruta 30, que la rotonda de Aeronáutica Argentina hasta la Ruta 30 no están, y lo único que entró es de Pedersen a Reforma Universitaria", detalló. 

Para la funcionaria, es imperativo que se realicen obras adicionales, ya sea a través de la concesionaria o mediante la intervención directa de la Agencia Nacional de Vialidad, para garantizar la integración urbana y la seguridad de los vecinos.

El debate por el impuesto al combustible

El eje central del debate técnico con el sindicato fue el destino de los fondos recaudados a través del impuesto al combustible, que nutren el sistema de mantenimiento y obra vial. 

Lafourcade explicó que, a pesar de que el impuesto se cobra de manera directa al cargar combustible, existe una preocupación profunda sobre si esos recursos se están traduciendo efectivamente en obras de infraestructura.

"Lo que se habló profundamente en la reunión y que fue materia de debate es qué pasa con ese fondo del combustible, esos miles de millones. Nosotros queremos en realidad que todo llegue a Vialidad para que se traduzca en obras", señaló la Defensora.

Ante este escenario, desde ADPRA se está impulsando un pedido de acceso a la información pública para esclarecer cómo se aplicaron los fondos en las distintas direcciones nacionales. 

La intención es elaborar un informe de comisión técnica para fin de año que permita tener un panorama claro sobre el estado de las rutas y la gestión de estos recursos, fundamentales no solo para la producción, sino también para reducir los índices de siniestralidad vial que afectan a todo el país.

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Carola Núñez