Defensoría del Pueblo sobre loteos irregulares: “Cuando no hay expediente, es una estafa”
La defensora del Pueblo, Paula Lafourcade, dialogó con El Eco.
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La defensora del Pueblo, Paula Lafourcade, dialogó con El Eco sobre uno de los temas que se instaló en la agenda pública: las ofertas de ventas de lotes bajo la modalidad condominio, en casos que muchas veces resultan ser estafas. Al respecto, precisó que reciben consultas y reclamos de manera frecuente, y recomendó a la ciudadanía en general asesorarse al respecto. Desde la entidad otorgan a quienes consultan un material orientativo.
La funcionaria explicó que la problemática se divide principalmente en dos tipos de situaciones: por un lado, vecinos que denuncian loteos cercanos donde se realizan o se pretende avanzar con construcciones que exceden lo permitido por la normativa vigente y, por otro, personas que han adquirido parcelas sin conocer el estado real de la documentación necesaria para urbanizar.
Al respecto, Lafourcade fue contundente sobre la gravedad de estas operaciones comerciales que se realizan al margen de la ley. “Cuando no hay un expediente iniciado y no está aprobado, es una estafa. Una estafa donde los compradores tienen que hacer la denuncia en Fiscalía o en la comisaría más cercana a su domicilio”, sentenció la defensora.
La funcionaria detalló que, ante la recepción de estos casos, desde la Defensoría del Pueblo dan intervención inmediata a las áreas específicas del Municipio, como Obras Privadas y Obras Públicas, además de notificar a la Dirección de Legales para que se tomen las medidas correspondientes.
Según indicó, la frecuencia de estas denuncias es constante, registrándose aproximadamente un caso por mes vinculado a loteos irregulares. "Son frecuentes, son permanentes", remarcó Lafourcade sobre la recurrencia de las consultas.
El escenario se vuelve especialmente crítico cuando los compradores presentan boletos de compraventa sin haber verificado previamente si el desarrollo cuenta con un expediente iniciado o si el terreno es apto para la construcción.
Muchos vecinos, planteó, ignoran que para que un loteo sea legal, el mismo debe contar con aprobación oficial, plano de mensura registrado y en ocasiones el cumplimiento de obras de infraestructura básica, como la apertura de calles y servicios públicos.
Impacto en Zona Protegida
Uno de los puntos de mayor preocupación para la Defensoría es el avance de ofertas de condominios sobre los macizos serranos, áreas que poseen una protección especial bajo el Plan de Desarrollo Territorial (PDT). La normativa establece restricciones estrictas para preservar el equilibrio ambiental y el paisaje natural, y prohíbe la subdivisión mediante la figura de condominios.
Lafourcade enfatizó que el desconocimiento de estas limitaciones expone a los compradores a pérdidas económicas irreparables. "De los loteos irregulares a nosotros nos preocupan mucho por el avance en los macizos serranos", sostuvo.
Asimismo, advirtió sobre el riesgo de adquirir tierras donde, por su ubicación en zonas protegidas, nunca se podrá obtener un permiso de construcción. "Algo que nosotros siempre decimos es que el riesgo de estos loteos no aprobados es que incluso, en muchos casos, nunca se va a poder construir ahí", agregó.
Ante este panorama, la recomendación de la Defensoría es clara: antes de concretar cualquier operación inmobiliaria, los interesados deben realizar una verificación exhaustiva.
"Muchas veces nos ha sido nos ha ido muy bien y nos dicen que sí, que la carpeta está, que está aprobado, que tienen que hacer obras por parte del desarrollador, pero que hay una carpeta, un expediente iniciado en el Municipio y que obviamente es autorizable bajo los parámetros que va pidiendo Municipio y después Provincia. Lo que primero tenemos que saber si ese es el loteo es regular", concluyó la defensora.
Cabe recordar que el tema ha cobrado relevancia en la agenda pública local, impulsado también por un proyecto de ordenanza presentado por el concejal Rogelio Iparraguirre, del bloque Fuerza Patria, que busca establecer mecanismos de transparencia y prevención para que los vecinos cuenten con información oficial y certificada antes de invertir sus ahorros en la compra de un terreno.
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