Lunghi envió una nota a Azul y reclamó que se regularice la situación de la familia trasladada a Tandil

El conflicto entre los municipios de Tandil y Azul por el traslado de una familia en situación de extrema vulnerabilidad sumó este jueves un nuevo capítulo. El intendente Miguel Lunghi envió una intimación administrativa a su par azuleño, Nelson Sombra, para exigir explicaciones formales por el operativo realizado el pasado 13 de agosto y reclamar que la comuna vecina vuelva a asumir la responsabilidad por la asistencia del grupo familiar.

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La presentación, a la que tuvo acceso El Eco, enviada bajo el título “Intimación administrativa. Exigencia de informes técnicos y resarcimiento por traslado irregular de personas en situación de vulnerabilidad”, expresa el “más enérgico rechazo y formal protesta” del Gobierno local por lo sucedido. Según trascendió en los últimos días, y consta en el documento, once personas pertenecientes a un mismo grupo familiar fueron trasladadas en un vehículo oficial de Azul y dejadas en una estación de trenes en desuso de Tandil.

El episodio ocurrió durante la noche del pasado jueves 13 de agosto y fue detectado a través de las cámaras del Centro de Monitoreo. Tras observar la presencia de un grupo numeroso de personas en inmediaciones de la Estación de Ferrocarril, agentes de Protección Ciudadana intervinieron y activaron el protocolo previsto para situaciones de vulnerabilidad. Desde entonces, el Municipio de Tandil tomó a su cargo la asistencia de la familia.

En los días posteriores, además, se conoció que el grupo familiar había aumentado a 13 integrantes, entre ellos cinco menores. Los adultos y niños permanecen alojados en pensiones de la ciudad con acompañamiento municipal, mientras que cuatro de los menores ya fueron escolarizados en establecimientos educativos tandilenses.

Un traslado que generó cuestionamientos

En la nota enviada a Sombra, Lunghi cuestionó especialmente que el traslado se haya realizado sin comunicación previa entre ambos municipios, sin un informe de derivación y sin articulación entre las áreas encargadas de la asistencia social.

El escrito sostiene que no existió ningún aviso a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de Tandil que permitiera conocer con anticipación la situación del grupo, sus antecedentes y las razones por las cuales se había decidido trasladarlo desde Azul.

Para el Ejecutivo tandilense, esa falta de coordinación significó trasladar de hecho a otra jurisdicción una problemática social que debía continuar siendo atendida por el municipio de origen. “Este proceder evade de forma ilegítima las obligaciones de asistencia social primaria radicadas en el domicilio de los afectados”, plantea la presentación.

La cuestión adquirió una relevancia todavía mayor por la presencia de niños y adolescentes. En ese sentido, Lunghi hizo referencia en la intimación a la Ley Provincial 13.298, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, y a la Ley Nacional 26.061, y sostuvo que el procedimiento habría vulnerado principios vinculados con el interés superior del niño y la protección integral.

Desde Tandil ya habían advertido que la situación requería una intervención especial debido a la presencia de menores y a una medida judicial vinculada con el grupo familiar. Según se informó, además, existía una disposición de custodia dinámica en el marco de una causa judicial.

La versión de Azul

El planteo de Lunghi se produce luego de que funcionarios del Municipio de Azul brindaran públicamente su propia versión sobre lo ocurrido.

El secretario de Desarrollo de la Comunidad de Azul, Omar Seoane, sostuvo que la familia había solicitado voluntariamente el traslado porque tenía intención de radicarse en Tandil y negó que hubiera existido abandono de persona. Según explicó, desde la comuna se les había ofrecido una alternativa vinculada con la custodia, pero el grupo habría rechazado esa posibilidad.

La explicación azuleña, sin embargo, no coincide con la mirada expresada por las autoridades tandilenses. Desde el Municipio local señalaron que, más allá de cuál haya sido la voluntad de la familia respecto de trasladarse a Tandil, no existió una comunicación institucional previa que permitiera garantizar las condiciones de llegada, alojamiento y asistencia.

La secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink, y la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Macieri, habían cuestionado que una familia con menores fuera trasladada hasta una estación ferroviaria que no se encuentra operativa sin que previamente se hubiera articulado con el Municipio de destino.

El caso también derivó en actuaciones judiciales. En Azul, el concejal Agustín Puyou presentó una denuncia contra un funcionario del área de Desarrollo de la Comunidad y posteriormente anticipó que ampliaría la presentación para alcanzar a otros responsables del procedimiento.

El pedido de informes

Ahora, a través de la intimación formal, Lunghi busca que la administración de Sombra brinde información precisa sobre lo ocurrido.

El jefe comunal tandilense estableció un plazo de 48 horas hábiles desde la recepción de la nota para que Azul entregue un informe técnico detallado con los antecedentes de las intervenciones realizadas con la familia.

Entre otros elementos, solicitó información sobre las actuaciones del Servicio Local relacionadas con los menores de edad, eventuales intervenciones por violencia de género y todos los antecedentes vinculados con salud, educación, trabajo y vivienda. El informe deberá estar firmado por los profesionales que intervinieron y por el secretario del área, además de explicar cuáles fueron los fundamentos jurídicos y sociales que motivaron el traslado.

También reclamó que se identifique de manera fehaciente a los funcionarios y agentes municipales que ordenaron y ejecutaron el operativo mediante el cual la familia fue trasladada hasta Tandil.

El tercer punto central del reclamo apunta directamente al futuro de la familia: Lunghi pidió que Azul arbitre los mecanismos necesarios para coordinar un retorno seguro y asumir definitivamente la asistencia en su jurisdicción de origen.

Tandil reclama el dinero destinado a la asistencia

El intendente también incorporó al reclamo una cuestión económica. Desde el momento en que la familia fue encontrada en la Estación de Ferrocarril, distintas áreas municipales debieron poner en marcha recursos para atender la emergencia.

La presentación detalla que Tandil debió disponer de recursos humanos, logísticos y financieros para garantizar alojamiento provisional, asistencia alimentaria y atención sanitaria de urgencia.

En ese marco, Lunghi dejó expresamente planteada la reserva del derecho del Municipio a reclamar a Azul la totalidad de los gastos que ya fueron realizados y aquellos que continúen generándose mientras se mantenga la asistencia de la familia.

El pedido de resarcimiento ya había sido anticipado por funcionarios tandilenses en los primeros días del caso, cuando remarcaron que el Municipio debió hacerse cargo de una situación que, según su postura, se originó a partir de una decisión adoptada por otra administración sin ningún tipo de coordinación.

Los menores ya retomaron las clases

Mientras se desarrolla el conflicto institucional, Tandil continúa atendiendo las necesidades inmediatas del grupo familiar.

Uno de los avances registrados durante los últimos días fue la escolarización de cuatro de los menores, que ya retomaron sus actividades educativas en establecimientos de la ciudad. El resto de los integrantes permanece alojado en pensiones locales con acompañamiento económico del Municipio.

En paralelo, las áreas municipales continúan trabajando sobre cuestiones vinculadas con alimentación, abrigo, salud y otras necesidades básicas. Desde Tandil señalaron que el objetivo inmediato es garantizar el resguardo de los menores y evitar que la situación de vulnerabilidad se profundice mientras se define el futuro del grupo.

Una advertencia ante una eventual falta de respuesta

El documento enviado a Sombra también contiene una advertencia concreta sobre los pasos que podría adoptar el Ejecutivo tandilense si no obtiene una respuesta satisfactoria.

Lunghi dejó establecido que, ante el silencio, una negativa o una respuesta considerada evasiva, Tandil podría avanzar con acciones civiles para reclamar los gastos de asistencia, realizar presentaciones ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y evaluar la radicación de denuncias penales por parte del Departamento Ejecutivo.

De esta manera, el episodio dejó de ser solamente una controversia vinculada con la asistencia de una familia y pasó a convertirse también en un conflicto institucional entre los dos municipios. Tandil busca ahora que Azul explique formalmente qué ocurrió, quién tomó la decisión de trasladar al grupo, bajo qué criterios se realizó el operativo y cómo se garantizará la continuidad de la asistencia.

Mientras tanto, la prioridad expresada por el Municipio de Tandil continúa puesta en la protección de la familia, especialmente de los menores, y en garantizar sus necesidades básicas. Pero, al mismo tiempo, el Ejecutivo local dejó en claro que pretende que la administración azuleña asuma las responsabilidades que considera correspondientes y que se haga cargo de los costos generados por la intervención de emergencia.

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El Eco de Tandil

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