El fiscal apeló el traslado de la causa por la mansión de Pilar y busca que intervenga la Corte Suprema
El fiscal general Mario Villar calificó de arbitraria la decisión de enviar el expediente a Campana y solicitó que la investigación regrese al juez Daniel Rafecas.
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El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, apeló este 15 de abril de 2024 el fallo que ordenó trasladar la causa por la compra de una mansión en Pilar al juzgado federal de Campana. El expediente investiga al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, por presunto lavado de dinero.
Según informaron fuentes judiciales, Villar reclamó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoque la sentencia, la cual calificó de arbitraria. El objetivo del fiscal es que la causa regrese a manos del juez Daniel Rafecas, quien intervino originalmente y ordenó el allanamiento de la propiedad, donde se secuestraron 54 autos de lujo y de colección.
El conflicto por la jurisdicción
Desde que se inició la investigación en diciembre pasado, el expediente ha transitado por 14 jueces. La defensa de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, quienes figuran como titulares de la propiedad a través de la empresa Real Central SRL, solicitó que el caso pase al juzgado de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, por tener jurisdicción sobre Pilar.
La Cámara Federal de Casación Penal, con el voto de los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, había avalado el traslado al considerar que el lavado de dinero es un delito federal. Sin embargo, el fiscal Villar objetó esta decisión argumentando que la investigación excede la compra de un inmueble.
No se investigó exclusivamente la adquisición de un inmueble emplazado en la localidad de Villa Rosa, sino una presunta maniobra de lavado de activos que, desde su origen, fue concebida como una operatoria de naturaleza económica y financiera desarrollada mediante la utilización de personas jurídicas, modificaciones societarias y diversas operaciones patrimoniales, sostuvo el fiscal.
El fiscal enfatizó que tanto la sociedad compradora como otras empresas involucradas tienen sede en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que la AFA. Ahora, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal deberá definir si concede el recurso para que el máximo tribunal tome intervención en el caso.
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