Gremios universitarios confirmaron la quinta marcha ante la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento
Docentes y estudiantes realizaron clases públicas en Plaza de Mayo para reclamar el cumplimiento de la normativa vigente y la recomposición salarial, anticipando nuevas medidas de fuerza.
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La Universidad de Buenos Aires (UBA) llevó a cabo el pasado martes una jornada de clases públicas en Plaza de Mayo con el objetivo de exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y el cumplimiento de los fallos judiciales pendientes. La medida, que se extendió durante toda la jornada, contó con la participación de los 13 decanos de las distintas facultades.
Desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) denunciaron la inacción del Poder Ejecutivo. En un comunicado oficial, expresaron: “A pocos días de cumplirse un año de la sanción de la Ley de financiamiento universitario, el gobierno de Javier Milei sigue sin cumplir con su aplicación”.
Por su parte, Daniel Ricci, secretario general de la FEDUN, enfatizó la importancia de la movilización: “Hoy la universidad pública sale a la calle para mostrarle a toda la sociedad una realidad que el Gobierno pretende ignorar”. En relación a los reclamos específicos, el dirigente precisó: “Hay una ley vigente que debe cumplirse, salarios que necesitan una recomposición del 33,4% y estudiantes cuyas becas también deben actualizarse”. Asimismo, subrayó: “No estamos pidiendo privilegios: estamos exigiendo que se cumpla la ley y que existan las condiciones necesarias para sostener una universidad pública de calidad”.
Servicios y actividades científicas
Además de las clases magistrales, la jornada incluyó servicios gratuitos para la comunidad, tales como atención en odontología, óptica, veterinaria y clínica médica, junto con asesoramiento jurídico, contable y orientación psicológica. También se exhibieron proyectos de investigación, entre ellos un auto de carrera construido por estudiantes y docentes.
El marco legal del conflicto
El reclamo se centra en la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Tras el decreto 759/2025, que condicionaba la ejecución de la norma, la Justicia intervino a través de diversas presentaciones. En junio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme una cautelar sobre los artículos 5 y 6, mientras que el 1 de septiembre el juez federal Cormick ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar de forma inmediata las partidas destinadas a funcionamiento, salarios y becas, señalando que el impacto fiscal representa solo el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
Ante la falta de respuestas, los gremios advirtieron que, si no hay cumplimiento antes de la primera semana de octubre, se convocará a una quinta Marcha Federal Universitaria.
La postura del Gobierno
El vocero presidencial, Adrián Ravier, negó que exista un desfinanciamiento. “Es falso, antes con la inflación se licuaba el gasto en universidades mes a mes. Eso ya no pasa. Además subimos un 24% los sueldos docentes y su medio no dijo nada”, afirmó. El funcionario sostuvo que el Congreso aprobó gastos sin establecer el financiamiento y concluyó que el Presupuesto 2027, presentado ante Diputados, es el ámbito adecuado para discutir las partidas universitarias.
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