El proyecto de ordenanza impulsado por el Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Protección Ciudadana para abordar los desmanes protagonizados por grupos de motociclistas logró avances en el Concejo Deliberante.

A cinco meses de la elevación de la propuesta, que busca brindar herramientas al Municipio para intervenir frente a estas conductas, ayer logró un “principio de acuerdo” que encaminó la discusión y la perfila a alcanzar el acompañamiento político necesario para conseguir el dictamen que habilite su tratamiento en el recinto.

Ayer, en el marco de una nueva reunión, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad presentaron nuevos enfoques al texto a partir del aporte realizado por distintos concejales con la expectativa de generar un documento “unificado” que contemple mejoras a los puntos que mayor rechazo generaron.

El concejal de Unión por la Patria y presidente de la comisión legislativa, Nicolás Carrillo, adelantó en diálogo con La Mañana (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming) que alcanzaron un “principio de acuerdo” tras una extensa discusión que se tornó “bastante complicada” y que dejó a la propuesta en “punto muerto” hace algunas semanas, y señaló que podría ingresar al recinto durante la sesión de la semana próximo.

“Venimos con el debate de las motos y los ruidos molestos y hoy (por ayer) tuvo un avance importante; aparentemente se le estaría dando sanción en la próxima sesión”, anunció ante los micrófonos de El Eco Multimedios.

Una problemática que demanda respuestas

Durante la entrevista, Carrillo abordó la problemática y señaló que la situación de las motos con escape libre, las carreras clandestinas y las caravanas masivas no es exclusiva de Tandil. “Es una problemática que está sucediendo en casi todo el país lamentablemente y en casi toda la provincia de Buenos Aires”, contextualizó el concejal, que describió este fenómeno como una manifestación juvenil “muy extendida”.

En ese sentido, apuntó que la proliferación de estas actividades no solo interrumpe la tranquilidad de los vecinos, sino que también representa un riesgo para quienes las practican.

Ante esta realidad, expuso como argumento la decisión de varios municipios bonaerenses de implementar normativas similares a la que se debate en Tandil en la búsqueda de herramientas eficaces para abordar lo que Carrillo denominó un “fenómeno relativamente nuevo”.

“Los nuevos problemas necesitan nuevas respuestas”

A lo largo de los meses, el debate puso en el centro de la escena el artículo sexto, que contempla facultades a los jueces de Faltas a ordenar el ingreso en domicilios particulares, un punto que generó reparos y cuestionamientos por parte de referentes de la oposición.

El edil detalló que la propuesta de ordenanza se fundamenta en una facultad ya existente en la Ley Orgánica de las Municipalidades, que habilita a los gobiernos locales a realizar allanamientos en casos específicos vinculados a la salubridad pública.

Esta interpretación legal permitiría a los jueces de Faltas actuar ante determinadas situaciones al considerar los ruidos molestos y las maniobras peligrosas como una posible afectación a la salubridad.

Desde su perspectiva, defendió el enfoque y argumentó que “los nuevos problemas necesitan nuevas respuestas”, a la vez que subrayó la importancia de establecer “políticas de Estado que no lleve a la confrontación de los vecinos entre sí”, y que contribuyan a que “los pibes no se sigan matando en moto”.

Entonces, el proyecto de ordenanza se presenta como una “herramienta que le vamos a dar al Ejecutivo para intentar reducir esto”.

“Persistencia del diálogo”

En otro pasaje de la entrevista, el concejal de Unión por la Patria repasó el camino que derivó en un principio de acuerdo, más aún en virtud de los posicionamientos de concejales de distintos bloques.

Si bien su postura desde el inicio fue favorable al avance de la ordenanza para brindarle al Estado una herramienta para atender la problemática, la falta de avances puso en riesgo el avance de la propuesta. Sin embargo, resaltó que la “persistencia del diálogo llevó a un buen puerto”.

En concreto, relató que se hicieron ajustes en la redacción de la normativa y se precisaron detalles sobre cómo se llevarían adelante los allanamientos.

“La buena noticia es que se va llegando a un consenso y a mí me parece importante, sobre todo porque empieza un período donde estas intervenciones sobre el espacio público seguramente aumenten”, afirmó Carrillo, previendo un incremento de las actividades que motivaron la ordenanza con la llegada de las temperaturas más cálidas.

Asimismo, expresó su confianza en la Justicia de Faltas de Tandil y que “cuando se tomen determinaciones será porque habrá una serie de elementos probatorios que nos lleven a concluir que hay un grupo de personas que está motorizando estos movimientos de robo de motos, de moto partes, de talleres clandestinos en los barrios, de venta de combustible”.

“Me parece que es importante empezar a tirar del hilo y esta ordenanza creo que va a habilitar eso”, apuntó.

Operativos y la implementación 

Entre otras de las variables de la problemática, el concejal de Unión por la Patria hizo alusión a las dificultades que enfrentan los agentes de tránsito en los operativos. 

Explicó que si bien ya existe una ordenanza que permite el secuestro de motos ruidosas durante los procedimientos de control que lleva adelante la Dirección de Control Urbano Vehicular, reconoció las dificultades en el accionar. “Estamos hablando de la dificultad de los controles porque se escapan por el medio de la plaza o aparece una caravana y no hay posibilidad de detener 200 motos”, graficó.

La referencia apunta a la vigencia de una ordenanza aprobada en 2022, la cual habilita sanciones y la retención de vehículos que circulen con escapes adulterados y provoquen ruidos molestos.

Se trata de la ordenanza 17.837, que en su artículo primero prohíbe “en toda la jurisdicción del Partido de Tandil, a partir de la reglamentación de la presente ordenanza, la circulación de motocicletas, ciclomotores, similares y automotores de cualquier tipo y cilindrada con caño  de  escape  abiertos  y/ modificados  mediante  la colocación de escapes libres, sin silenciador, adulterados de alguna manera y/o con los llamados sistemas expansivos, utilizados para emitir ruidos fuertes y molestos”.

Ante este escenario, Carrillo marcó que la nueva normativa apela al uso de la tecnología. “Se está apelando al uso de las cámaras de vigilancia, que es una gran herramienta para detectar patentes y maniobras que atenten contra la seguridad pública, por lo que tenemos herramientas tecnológicas que nos van permitir descifrar esa cuestión”, remarcó en referencia al material captado por los dispositivos de la red pública como potencial elemento probatorio para identificar a los infractores.

En relación a la inquietud vinculada a la eventual superposición en las actuaciones entre la justicia ordinaria y la municipal, Carrillo destacó que los jueces de Faltas poseen “mucho conocimiento” sobre la dinámica local y una “vinculación con la justicia penal”.

Respecto a la preocupación sobre qué sucedería si durante un allanamiento se encontraran otros delitos, el concejal admitió que ese es un aspecto que debería “construirse en la implementación, en la práctica”, por lo que al “diálogo constante y una construcción colectiva” y “no entender esta intervención como compartimentos separados” entre las distintas jurisdicciones. La clave, según el edil, residirá en la capacidad de adaptación y colaboración durante la puesta en marcha de la ordenanza.

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