La Justicia espera un informe clave para el decomiso de los 5 millones de dólares de Florencia Kirchner
El Tribunal Oral Federal 2 aguarda documentación bancaria para ejecutar el embargo de fondos vinculados a la hija de la ex presidenta en el marco de la causa Hotesur.
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Mientras Cristina Kirchner y sus hijos intentan frenar ante la Corte Suprema el proceso de ejecución patrimonial derivado de la causa Vialidad, en Comodoro Py avanza el procedimiento para decomisar 141 bienes. Entre ellos, se encuentran los 5 millones de dólares de Florencia Kirchner, secuestrados originalmente en la causa Hotesur.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEl Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, es el responsable de ejecutar la pena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Tras la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio de 2025, el proceso contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes para resarcir el fraude, estimado en 685.000 millones de pesos.
El avance sobre los fondos
Hace veinte días, la Cámara de Casación ratificó la orden de avanzar sobre 111 bienes muebles e inmuebles identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. A pesar de los recursos interpuestos por la defensa ante el máximo tribunal, desde Comodoro Py sostienen que la ejecución patrimonial sigue su curso.
El juez Rodrigo Giménez Uriburu, en su carácter de presidente del tribunal, ha solicitado informes sobre 141 propiedades, mayoritariamente vinculadas a Cristina Kirchner y Lázaro Báez. No obstante, una pieza clave para completar el proceso es la respuesta del Banco Galicia respecto a los fondos embargados: 4.664.000 dólares de una caja de seguridad, 992.134 dólares de una caja de ahorro y 53.280,24 pesos.
La justicia federal sostiene que estos activos, que forman parte de la causa Hotesur por asociación ilícita y lavado de activos, no fueron justificados en su origen lícito. El criterio aplicado por el TOF 2 establece que todo bien incorporado al patrimonio de los condenados entre 2003 y 2015 es susceptible de ser ejecutado.
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