En medio de un debate por el proyecto de ordenanza que busca abordar la problemática de las motos, el secretario de Legal y Técnica del Municipio Javier López, salió a reafirmar los fundamentos de la propuesta, en especial, ante las críticas en torno al argumento que faculta a los jueces de Faltas a disponer allanamientos en casos que afecten la salubridad pública.

En diálogo con La Mañana (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming), el funcionario remarcó que la finalidad central es “la defensa de la salubridad pública” y que la herramienta ya se aplica en distritos de la provincia y en la ciudad de Buenos Aires.

Frente a las objeciones sobre la constitucionalidad del artículo tercero de la propuesta elevada hace tres meses por la Secretaría de Protección Ciudadana, López dijo que carecen de sustento y advirtió que la discusión debería enfocarse en el impacto que generan los escapes de motos modificados en la vida cotidiana de los ciudadanos. “Nos ponemos en el lugar del vecino que está sufriendo todos estos padecimientos y estamos buscando darle una solución”, señaló.

La problemática de los ruidos molestos generados por motos con caños de escape modificados y las caravanas que circulan por la ciudad sigue en agenda y en los últimos días sumó el aporte de antecedentes en al menos 12 municipios bonaerenses que aplican normativas similares.

Sin embargo, la iniciativa local se encuentra paralizada en el Concejo Deliberante. Tras superar el contexto electoral, la falta de consensos dilata el debate y no hay certezas sobre una eventual resolución a corto plazo.

“Nos debemos a la gente y creo que debemos encontrar una herramienta que permita seguir trabajando más en profundidad y que podamos ponerle un fin a este tema”, expresó el secretario ante El Eco Multimedios, que garantizó la predisposición al diálogo.

El eje del debate

Al retomar el tema, López se refirió a su participación en el debate, a las conversaciones previas con los jueces de Faltas, con la secretaria y el subsecretario de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri y Juan Pablo Ibáñez respectivamente, y hacia el interior del gabinete.

Después de la presentación de la versión final del proyecto, mantuvo una entrevista con un actor judicial en la que aportó su visión “y ahí tengo cosas importantes para sumarle a la comunidad” en cuanto a aspectos que “tienen que ser de fácil entendimiento para el ciudadano”.

“Creo que no tenemos que complejizar las cosas”, sentenció y apuntó contra las observaciones vinculadas a una “supuesta inconstitucionalidad” que giran en torno a la propuesta.

En respuestas a las críticas que acumula el proyecto en análisis, López afirmó que en cuestiones de inconstitucionalidad “estamos bastante acostumbrados últimamente”, en especial a partir de diciembre de 2023, “donde la jurisprudencia ha planteado la inconstitucionalidad de decretos del Poder Ejecutivo”.

Luego de la consideración, apuntó que el proyecto tiene un objetivo y que es allí donde debe centrarse el intercambio. “La finalidad es la defensa de la salubridad pública”, aseguró el funcionario, que resaltó que la coincidencia debe enfocarse en este principio. Es decir que, “si hay alguna persona que pueda realizar un aporte positivo y entienda que el tema de los ruidos molestos ocasionados por las motos con caños de escapes en las condiciones que circulan en muchas ocasiones no generan ruidos molestos ni daño a la salubridad pública, que me lo explique porque entiendo todo lo contrario”, desafió.

Y retomó que ese mismo enfoque se aplica en la provincia de Buenos Aires en unos 12 municipios, entre los cuales citó Trenque Lauquen, Daireaux, Rivadavia, 9 de Julio, Junín, San Miguel del Monte, Lobería, Pehuajó, Carlos Casares, entre otros.

“Lo que proponemos es que los ruidos molestos afectan la salubridad pública”, defendió y sumó la ordenanza específica que aplica la ciudad autónoma de Buenos Aires sobre ruidos molestos que afectan a la saludad pública.

Entonces, el secretario remarcó que “deberíamos preguntarnos primero si coincidimos que los ruidos molestos afectan la salubridad pública”, y respondió que si alguien piensa lo contrario “deberá fundamentarlo”.

La herramienta

Ante este escenario, argumentó que el Ejecutivo encontró como herramienta para los jueces de Falta “la posibilidad, además de poder secuestrar los vehículos o los instrumentos con los cuales se ocasionan los ruidos molestos, que en algunas ocasiones garantizando siempre el derecho de defensa del debido proceso en el marco de una investigación, recurrir a una herramienta que les da el artículo 24 de la Constitución provincial”.

En concreto, ordenar un allanamiento en los casos que “vean que existe una afectación de la salubridad pública” generada por ruidos molestos.

El artículo 24 establece que “el domicilio de una persona no podrá ser allanado sino por orden escrita de juez o de las autoridades municipales encargadas de vigilar la ejecución de los reglamentos de salubridad pública y a este solo objeto”.

Las variables del enfoque

 -¿Cuál es puntualmente la postura de los jueces de Falta?

-Tuve charlas con los jueces y alguna reunión previa también y en realidad volvemos a lo mismo. En relación al tema de la aplicación de las medidas de allanamiento están, en el supuesto caso que exista una ordenanza, dispuestos a analizar la situación y en caso que exista la ordenanza que los faculta disponer las medidas, siempre en cada caso concreto, analizando todo el procedimiento. Es decir, desde la legalidad del grado del acta respectiva que da inicio a las actuaciones, más el tema de la prueba que se aporte en cada caso que acredite las circunstancias por las cuales se identifica al infractor. En definitiva, aquellos elementos de prueba que permitan identificar cuál es el instrumento mediante el cual se está generando la afectación con ruidos molestos. En función de lo que se solicite o de lo que disponga el juez como una medida preventiva, disponer en los casos que entiendan que corresponde el allanamiento.

-¿Es lo único que habilitaría un allanamiento? ¿El hecho de identificar el vehículo?

-En las ordenanzas, algunas hablan de allanamiento y en otras la técnica legislativa que han usado es ingresar al domicilio al solo efecto de retirar los elementos por los cuales se genera la afectación a la salubridad.

-¿Qué pasaría en el caso que detecten determinada infracción, piden al juez de Faltas un allanamiento y encuentran un determinado delito que va más allá de una infracción?

-En cualquier supuesto ingresarían al efecto de retirar los elementos por los cuales se genera la infracción. A partir de ahí, una vez que ingresan al domicilio, el juez no habilita el retiro de ningún otro tipo de elementos ni cuestiones que pudieran suscitarse en el lugar. En función de lo que puedan verificar los funcionarios que ingresan a domicilio, informarán en el acta de secuestro del vehículo o de los artefactos que encuentren en función de la medida y después el juzgado de Faltas notificará, en caso corresponda, para que intervenga la Justicia. Pedimos que las medidas debieran ser realizadas con el auxilio de la fuerza pública. Ahí también habría funcionarios públicos.

-Teniendo en cuenta que hay distritos de diferentes colores políticos que lo aplican, ¿qué interpretación hace respecto de la actitud de la oposición en el Concejo Deliberante?

-En lo personal, creo que alguien que opina sin haber visto todos estos antecedentes, que algunos son de vieja data, lo primero es que uno no se pone en lugar de la gente que está sufriendo esto constantemente.

-De todas formas eso tampoco habilita a votar cualquier proyecto…

-Ponerse en lugar de la gente implicaría haber abierto el debate durante todo este periodo, haber encontrado alguna solución alternativa, investigado si en otros municipios estaba actuando de esta manera o no. Nosotros estamos aportando todos estos elementos; no es una ocurrencia del Municipio. Nos ponemos en el lugar del vecino que está sufriendo todos estos padecimientos y estamos buscando como equipo de gobierno tratar de darle una solución.

-¿Por qué cree que no se abre la discusión? ¿Cree que hay cuestiones políticas de fondo?

-Me parece que uno tiene que ponerse en lugar de la gente, que es la que nos está pidiendo las soluciones. Nosotros estamos aportando soluciones. Si alguien formula determinados planteos sin que nos suministren los fundamentos por los cuales se entiende que eso es inconstitucional me parece que no llevaría la discusión por una cuestión política. Por qué no la aprobaríamos si no estamos diciendo que los jueces de Faltas van a aplicar cualquier tipo de medida en cualquier supuesto y en cualquier supuesto van a allanar. Solamente estamos diciendo que necesitamos una ordenanza para facultar a los jueces, como han hecho otros municipios, a que actúen donde ven afectada la salubridad pública.

-¿Lo convocaron desde el Concejo?

-No he sido convocado. Estamos a disposición para aportar. Hemos aportado todos los antecedentes de las ordenanzas dictadas en otros municipios, hemos dado nuestra mirada. Queremos darles herramientas a los jueces de Faltas y a los ciudadanos una tranquilidad en este tema. Necesitamos avanzar con este proyecto, que estamos dictando ordenanzas en materia de salubridad pública porque entendemos que estas situaciones afectan la salubridad pública. Si no va a haber un acompañamiento en este sentido, explicarán los motivos por los cuales se considerarían inconstitucionales estas facultades. Y será nuestro deber encontrar alguna otra herramienta legal para que los jueces puedan disponer de las medidas necesarias y puedan acompañar todo el procedimiento que hace generalmente Protección Ciudadana a través de los inspectores, con personal policial para poder ponerle fin a este tema que nos genera un inconveniente serio. 

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