El Sendero Pampa abrió un espacio para pensar el ambiente y el territorio

Con la mirada centrada en el cuidado del ambiente, el territorio y la soberanía alimentaria, ayer se realizó una nueva jornada en el Sendero Pampa y el Vivero del Campus Universitario de la Unicen.

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La actividad, libre y gratuita, se desarrolló entre las 14 y las 16 y combinó un recorrido por la reserva con una propuesta artística.

El encuentro formó parte del proyecto de extensión universitaria Aula Abierta Simiente de Soberanía Alimentaria y Justicia Ambiental, que llevan adelante las Facultades de Ciencias Humanas, Ciencias Veterinarias y Arte de la Unicen y que tiene sede en la reserva del Sendero Pampa.

Virginia Toledo López, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Conicet e integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales de la Facultad de Ciencias Humanas (Cinea), explicó a El Eco de Tandil que el proyecto busca “sembrar una semillita de soberanía alimentaria y justicia ambiental en la Unicen y poder pensarnos también en el marco de una red más amplia”.

En ese sentido, señaló que la iniciativa se vincula con la Red Nacional de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria.

Cuerpo-territorio

El eje de la jornada de ayer fue la noción de cuerpo-territorio, que propone observar cómo las condiciones de los lugares que se habitan también se expresan en los cuerpos y en la vida de las comunidades.

“Hoy nos estamos pensando desde la idea de cuerpo-territorio, que es pensar cómo en nuestros cuerpos individuales se expresan también las afecciones de nuestros territorios”, explicó Toledo López.

“No podemos pensar que hay cuerpos sanos en territorios enfermos”, planteó.

Con esa perspectiva, los participantes recorrieron el Sendero Pampa y observaron la flora y fauna del lugar.

“La idea es, entre todos, observar el paisaje que nos rodea. Hicimos un recorrido por el Sendero Pampa, vimos las especies nativas y las invasoras, los daños y las afecciones que hay en nuestro espacio de alrededor y cómo a eso lo podemos pensar en su repercusión individual y comunitaria”, detalló la investigadora.

La actividad terminó con una propuesta artística coordinada por la ilustradora y escultora Silvia Diocares. En ese marco se realizó un collage, que se sumará a una serie de producciones que se irán construyendo durante los próximos encuentros.

El objetivo es reunir esos trabajos para realizar en diciembre una intervención sobre el contenedor que actualmente funciona como baúl de herramientas de la reserva que está en el Campus.

Toledo López consideró que ese contenedor es un elemento que “expresa también la forma dominante de comercio internacional”.

“La idea es demostrar que eso, que hoy aparece como algo quizás disruptivo en el paisaje, también puede ser resignificado a través del arte con un mural que vamos a ir construyendo a lo largo de los encuentros”, señaló.

Del encuentro participaron vecinas de la ciudad de Córdoba que llevan adelante un reclamo judicial vinculado con la producción de biocombustibles y que ya atravesó distintas instancias.

“Estas mujeres son un ejemplo de defensa ambiental; ellas nos compartieron las realidades de su territorio y su experiencia de lucha”, destacó Toledo López.

Un encuentro sobre justicia ambiental

La propuesta tendrá continuidad el lunes 5 de octubre, de 14 a 16, cuando se desarrolle el próximo encuentro, centrado en la política vital y justicia ambiental.

En esa oportunidad estará presente el Centro de Investigaciones en Derecho Crítico de la Universidad Nacional de La Plata, que también integra el proyecto. 

La iniciativa reúne, además de las facultades de Humanas, Arte y Veterinaria, a estudiantes, docentes e investigadores, la carrera de Agroecología del Instituto Agrotecnológico Tandil, la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable y la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria.

El próximo encuentro permitirá profundizar el abordaje de la justicia ambiental a partir de experiencias concretas de defensa del territorio y de los conflictos que atraviesan distintas comunidades.

En el siguiente, que se llevará a cabo el lunes 27 de octubre, se debatirá sobre el alimento como clave de las interdependencias; el del 17 de noviembre se abocará a alimento y comunidad, en tanto que en el del 1ro. de diciembre -el último- se realizará un balance y se elaborará un mural. 

Los interesados pueden realizar consultas vía mail a: aulasimienteunicen@gmail.com

-¿De qué se habla cuando se habla de soberanía alimentaria?

-La soberanía alimentaria es un planteo de los movimientos campesinos a nivel mundial que surgió de la vía campesina en el marco de la cumbre de Naciones Unidas para la alimentación del año de 1996. Allí se planteó que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias dietas, sus propios procesos y modelos de producción de alimentos. La soberanía alimentaria implica pensar al alimento tanto desde la producción y la distribución como desde el consumo. Pensarlo además bajo la idea de un sujeto colectivo, que es el pueblo, y no con una métrica individual o basada en la cantidad de nutrientes de cada persona, que es el concepto que institucionalmente más se difunde. El concepto de soberanía alimentaria tiene que ver con la defensa del territorio y con la defensa de la forma de vida en el territorio. Esa fue la propuesta de los movimientos campesinos de la que nos hacemos eco desde la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria en Argentina.

La lucha de los vecinos de Córdoba contra una planta de bioetanol

Silvia Cruz integra la Asamblea Fuera Porta, un colectivo de vecinos de los barrios San Antonio e Inaudi de Córdoba Capital que desde 2012 reclama el cierre y traslado de una planta de bioetanol de la empresa Porta Hnos.

Ayer participó, junto a otras dos vecinas de esa ciudad, de la jornada realizada en el Sendero Pampa. Allí compartió la experiencia de una organización vecinal que lleva más de una década denunciando un conflicto ambiental.

“En una lucha organizada por vecinos ante un conflicto ambiental que ha puesto y pone en riesgo la vida de nuestras familias. En pos de eso nos organizamos para trabajar y buscar la justicia ambiental”, explicó Cruz a El Eco de Tandil.

Según relató, el conflicto se agudizó cuando la empresa, que se instaló a pocos metros de las viviendas en la década del ’90 con el objetivo de envasar alcoholes, modificó en 2012 su producción para comenzar a destilar directamente alcohol.

La planta está ubicada en cercanías de los barrios San Antonio e Inaudi. “El barrio es preexistente, es del año ’55, y la empresa se instaló en el ‘95 por una voluntad política de ubicarla sin ninguna participación ciudadana y sin los permisos ambientales”, sostuvo.

El cambio en el proceso productivo -afirmó Cruz- marcó un punto de inflexión para los vecinos.

“Iniciamos la lucha en el 2012. Antes solo molestaban los olores pero con la destilación de alcohol aumentaron no solamente los olores, sino que visualizamos que nuestras familias empezaron a enfermarse”, relató.

Entre las situaciones que comenzaron a detectar, mencionó “muchos abortos espontáneos, muertes súbitas, niños con malformaciones y muchos casos de cáncer”.

A partir de allí, los vecinos empezaron reunirse y a recopilar información sobre lo que ocurría en el barrio. Cruz señaló que distintos profesionales –ingenieros, biólogos, sociólogos, químicos- colaboraron en la elaboración de informes destinados a documentar las denuncias.

“Ellos colaboraron en la determinación de pruebas de lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando, sigue pasando”, afirmó.

El reclamo también llegó a la Justicia. “Nosotros comenzamos con la Justicia de Córdoba. Ahí nos archivaron la causa porque no fueron suficientes las pruebas. Entonces presentamos un amparo colectivo que pide –en resumidas cuentas– el cese de la contaminación y cierre de la planta”, explicó.

En ese camino, Cruz destacó una resolución judicial que, según indicó, quedó firme el 8 de agosto. En ese marco afirmó que la Justicia determinó que la planta funciona sin los estudios de impacto ambiental correspondientes y cuestionó su localización respecto del uso del suelo y el cumplimiento de la normativa ambiental.

“La planta continúa funcionando aún después de esa sentencia firme”, advirtió. Por eso, planteó que el desafío actual de la organización es lograr que la resolución se cumpla: “Ahora nosotros tenemos que obligar a ejecutar la sentencia”, remarcó.

La reciente resolución de la Cámara Federal de Córdoba coincide con el anuncio de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aseguró que investigará formalmente al Estado argentino por violaciones a los derechos humanos vinculadas al funcionamiento ilegal de la planta. 

Sobre el autor

Luciana Mateo

Periodista de El Eco de Tandil.