En el marco del reclamo por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento votada en dos ocasiones por el Congreso Nacional y ratificada tras el veto presidencial, el sistema universitario nacional impulsó una presentación ante la Justicia que busca declarar inconstitucional el decreto que promulgó la normativa, pero que suspendió su aplicación en la práctica.

El rector de la Universidad Nacional del Centro, Marcelo Aba, repasó detalles y actualizó el estado de situación en virtud de la decisión de judicializar el reclamo en los términos que acordaron hace poco más de diez días tras una convocatoria extraordinaria que reunió a los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un plenario que se celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En diálogo con el ciclo Tandil Despierta (EcoTV y 104.1 Tandil FM), el funcionario contextualizó que los desafíos económicos se mantienen debido “a la confluencia de dos problemáticas principales” que afectan el normal desarrollo de las actividades universitarias.

Por un lado, el rector se refirió al camino legislativo. Recordó que el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Financiamiento Universitario que, tras ser vetada por el Presidente, fue revertida con un amplio respaldo de legisladores.

A más argumentos, enfatizó que la normativa, y el posterior decreto gubernamental 759 que la promulga, reconocen la “deuda” que el Estado mantiene con las universidades, punto que expuso para validar los reclamos por la recomposición salarial y de funcionamiento que llevan adelante las universidades nacionales.

Sin embargo, marcó que el decreto de promulgación estableció la suspensión de su aplicación, dejando a las universidades “en la misma situación” de desfinanciamiento. “Ni un centavo se ha movido, ni aparecería en el horizonte cercano la posibilidad de que aparezca”, lamentó Aba.

Este escenario agotó la vía legislativa, un camino fundamental para las universidades ya que, según dijo, dependen directamente del Congreso de la Nación para su creación y control. 

La expectativa que “una ley proveyera los recursos necesarios para un funcionamiento normal y para la actualización salarial de docentes y no docentes”, que se limitaba a recuperar lo perdido por la inflación hasta diciembre de 2023, quedó frustrada.

El camino de la Justicia

Ante el agotamiento de la vía legislativa, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió recurrir a la Justicia y presentó un amparo que busca declarar la inconstitucionalidad del decreto presidencial que suspendió la Ley de Financiamiento Universitario.

Así lo indicó el rector de la Unicen, que argumentó que un decreto reglamentario “no puede modificar en la práctica” la voluntad del Congreso expresada en una ley.

Y agregó que la presentación judicial abarca más de 50 páginas y se basa en variados argumentos. “Apelamos a que la Justicia nos acompañe y obligue al Poder Ejecutivo a ejecutar la Ley”, expresó el rector de la Unicen.

Adicionalmente, se presentó una medida cautelar con el objetivo de obtener una solución más rápida a la recomposición salarial y de las becas estudiantiles, dada la urgencia de la situación.

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