Trabajadores y trabajadoras de Tandil se manifestaron en contra del proyecto de Reforma Laboral que comenzó a tratarse en el Senado. Tras convocarse a la Plaza Independencia, marcharon por las calles céntricas entregando volantes en los que propusieron alternativas a la iniciativa del gobierno nacional. Hubo vecinos docentes, investigadores, trabajadores municipales, estatales, y de sindicatos como Smata, personal de casinos o peajes, así como también jubilados.

"Esta es una un primer encuentro del día convocada por la Mesa Intersindical, por los sindicatos de Tandil, manifestándonos en contra de una reforma laboral regresiva que lo único que va a aportar es más desempleo, más miseria y menos derechos para los trabajadores y trabajadoras, en Tandil y en todo el país", expresó el secretario general de ATE a nivel local, Hernán Gasparini, en diálogo con El Eco.

En la convocatoria, representantes de los diferentes sindicatos leyeron un comunicado conjunto, y entregaron un volante en el que plantearon que ningún salario esté por debajo de la canasta básica; el reconocimiento de derechos para los trabajadores de plataformas, con cobertura de salud y un piso salarial garantizado; el derecho a la desconexión digital; la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y la imperiosa necesidad de proteger la industria nacional y las pymes para asegurar un empleo de calidad y con poder adquisitivo.

La nueva legalidad

"Si uno se pone a pensar en retrospectiva respecto a algunas cuestiones, los estatales ya estamos sufriendo cuestiones vinculadas a reforma laboral a partir de la imposición del primer decreto de Milei, por ejemplo, con el tema de la disponibilidad. Después de un pequeño tiempo de seis meses se quedan sin laburo, sin indemnización. Este gobierno nacional avanza en contra de nuestros derechos", expuso Gasparini.

Asimismo, el referente sindical se refirió a la situación de aquellos sectores que actualmente se encuentran fuera del sistema registrado, alertando sobre el riesgo de consolidar la precariedad bajo un nuevo marco legal. 

"Entendemos que hay muchos trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad y de todo el país, que hoy pareciera que les quedara lejos determinados derechos, como pueden ser el aguinaldo, las vacaciones pagas o la obra social, porque son parte de ese laburo informal. Hoy lo que va a pasar es que va a legalizarse esa forma de trabajo. A partir de este momento, esa informalidad va a ser parte de una nueva legalidad", manifestó.

Finalmente, el secretario general puso el foco en el financiamiento de las futuras indemnizaciones y el impacto directo que esto tendría sobre las jubilaciones.

"Esto también afecta a nuestros viejos y nos va a afectar a nosotros cuando estemos en la edad jubilatoria. El tres por ciento de la guita que va para los aportes jubilatorios se va a utilizar para que los empresarios dejen de poner de la suya para bancar las indemnizaciones", denunció Gasparini, subrayando que bajo esta lógica los trabajadores terminarían financiando sus propios despidos con fondos de la seguridad social.

A través de esta movilización, los sindicatos locales buscaron impulsar la toma de conciencia entre los trabajadores tandilenses sobre el carácter histórico de la disputa. Gasparini instó a la comunidad a seguir de cerca la votación en la Cámara Alta y advirtió que será necesario identificar a quienes califiquen como "traidores" por votar en contra de los intereses de la clase trabajadora.

Críticas a la "estafa" de la modernización

Los gremios de la ciudad leyeron un comunicado conjunto en el que señalaron que la iniciativa del gobierno nacional no representa una mejora ni una enmienda, sino un perjuicio directo para los trabajadores, limitando derechos que fueron modelo y ejemplo para el resto de Latinoamérica.

Los sindicatos afirmaron que para generar empleo genuino no hace falta flexibilizar las condiciones, sino que el Estado escuche al pueblo y se ocupe de proteger a las empresas que cierran sus puertas diariamente.

El documento también hizo hincapié en la modificación del sistema de indemnizaciones, advirtiendo que, de aprobarse la ley, estas podrán pagarse en cuotas y con montos sensiblemente menores a los actuales.

Además, alertaron sobre la inminente pérdida de las horas extras y el riesgo de que la legislación se ajuste exclusivamente a la medida de las grandes corporaciones. Para las organizaciones firmantes, la ley forma parte de una estrategia integral que implica la entrega de recursos naturales y la destrucción del salario en beneficio de unos pocos empresarios.

En un mensaje dirigido específicamente a la ciudadanía de Tandil, los gremios recordaron que incluso aquellos trabajadores que confían en su propio mérito para defender sus condiciones laborales dependen de la estructura legal que hoy se intenta desarticular. En este contexto, instaron a dejar de lado el individualismo para evitar caer en un país regido por la lógica del "sálvese quien pueda".

Hacia el final del escrito, los representantes de los trabajadores apuntaron contra los legisladores nacionales, exigiéndoles que dejen de lado el "oportunismo" por un cargo o beneficio personal.

El comunicado concluyó con un llamado a la unidad y a la resistencia en las calles, vaticinando tiempos de extrema dificultad para las familias locales ante el deterioro de los ingresos. "No pueden dejar a quienes trabajan sin la protección que les brindan el Estado, la ley y los sindicatos", sentenciaron.

Un pliego de reclamos alternativos

En el marco de la jornada de protesta, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y Suteba distribuyeron un volante informativo detallando sus propuestas alternativas y los puntos más críticos de la reforma.

Entre las iniciativas que impulsan los gremios se encuentran la garantía de que ningún salario esté por debajo de la canasta básica y la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, una tendencia que ya se aplica en otros países del mundo para mejorar la calidad de vida y la productividad.

También reclamaron el reconocimiento de derechos para los trabajadores de plataformas, con cobertura de salud y un piso salarial garantizado, así como la ampliación de las licencias por nacimiento, adopción y cuidados familiares.

Otros puntos destacados por las centrales obreras fueron el derecho a la desconexión digital, la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y la imperiosa necesidad de proteger la industria nacional y las pymes para asegurar un empleo de calidad y con poder adquisitivo.

En contrapartida, en el volante advirtieron sobre las consecuencias directas de la nueva normativa impulsada por el Ejecutivo. Los sindicatos denunciaron que la reforma habilita el despido sin causa y reduce las indemnizaciones, otorgando a las patronales la posibilidad de despedir sin costo directo. También mencionaron que las empresas tendrían la facultad de modificar la jornada laboral según su conveniencia, eliminando el cobro de horas extras y permitiendo el fraccionamiento de las vacaciones en cualquier momento del año.

Por último, señalaron que la reforma castiga a los trabajadores que hayan sufrido daños en su salud, permitiendo cambios de categoría con reducción de haberes. Asimismo, alertaron sobre la virtual eliminación del derecho a huelga y la paradoja tributaria que representa eliminar el impuesto a las ganancias para las grandes empresas mientras se mantiene la carga fiscal sobre los sueldos de los laburantes. "La reforma laboral no es modernización, es quita de derechos y más explotación", concluyó el documento entregado a los transeúntes.

La adhesión de la CCC

La Corriente Clasista Combativa (CCC) también se sumó al rechazo generalizado, adhiriendo tanto a nivel local como nacional al paro y la movilización.

La organización calificó a la reforma de "antiobrera y antipopular", sumándose a la columna que recorrió el centro de Tandil junto a las demás organizaciones sociales y políticas convocantes. Para la CCC, la medida de fuerza resultó fundamental para marcar una postura firme frente a lo que consideran un avance sobre las conquistas históricas de la clase trabajadora.

La organización clasista rechazó de plano la denominada "Modernización Laboral" por considerar que representa un retroceso de más de cien años en la legislación argentina.

Aseguraron que la normativa es regresiva y busca eliminar derechos adquiridos que fueron el resultado de intensas luchas populares. Según manifestaron, la aplicación de este proyecto significaría borrar de un plumazo protecciones que son esenciales para la vida digna de miles de tandilenses que dependen de su salario para subsistir.

El comunicado de la CCC cerró recordando que estas conquistas costaron "sangre, sudor y lágrimas" a lo largo de la historia del movimiento obrero, tanto a nivel nacional como local. Por este motivo, reafirmaron su compromiso de permanecer en las calles para defender el patrimonio de los trabajadores y evitar que se consolide un marco legal que, a su criterio, solo favorece a los sectores más concentrados de la economía en detrimento de la mayoría del pueblo.

Sobre el autor

Juan Manuel Artero

Redactor El Eco de Tandil