Impulsan un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la Provincia

El titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, presentó el pasado martes un proyecto de ley con el objetivo de arancelar el acceso a la salud y a la educación universitaria en la provincia de Buenos Aires para aquellos extranjeros que no cuenten con residencia permanente.

La iniciativa, que busca establecer un régimen de retribuciones por los servicios sanitarios y los estudios de grado en universidades provinciales de gestión estatal, cuenta con el respaldo de gran parte de la bancada libertaria y del titular del bloque PRO, Alejandro Rabinovich.

“La salud pública y la educación universitaria se sostienen con el esfuerzo de los contribuyentes. No resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contar con un seguro, sin contribuir a su sostenimiento y sin asumir el costo correspondiente, mientras que en otros países la situación es completamente diferente para los bonaerenses”, sostuvo el impulsor del proyecto.

El diputado Agustín Romo justificó la medida haciendo referencia a críticas recibidas por la Selección Argentina tras el Mundial 2026. A través de sus redes sociales, el legislador expresó: “¿Así que hay extranjeros estudian gratis en el país y se atienden gratis en hospitales públicos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la Provincia”.

Detalles de la propuesta

El proyecto estipula que los extranjeros con residencia temporaria o transitoria deberán solventar los costos de las prestaciones sanitarias por cuenta propia, mediante un seguro de salud o a través de un tercero obligado. En este sentido, el Ministerio de Salud de la Provincia deberá adecuar el nomenclador arancelario a través del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) para gestionar los cobros.

No obstante, la normativa contempla excepciones: ninguna persona podrá ser rechazada o condicionada en situaciones de emergencia con riesgo inminente de vida. En tales casos, el recupero de los costos se tramitaría una vez estabilizado el paciente.

Respecto al ámbito educativo, instituciones como la Universidad del Sudeste y la Universidad provincial de Ezeiza serán las encargadas de fijar las retribuciones correspondientes. “La Provincia no puede continuar financiando sin límites la formación de personas que no han asumido un compromiso permanente con el país, mientras existen estudiantes bonaerenses que necesitan mejores edificios, más tecnología, becas y condiciones adecuadas para estudiar”, manifestó Romo.

Finalmente, el texto incluye una cláusula de transparencia que obliga al Ministerio de Salud y a las universidades alcanzadas a publicar anualmente informes detallados sobre la cantidad de prestaciones, montos facturados, exenciones otorgadas y el destino final de los recursos recaudados.

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