Cuatro azuleños figuran en las ternas por medio de las cuales serán designados nuevos jueces para integrar los tribunales orales que tienen respectivas sedes en el Palacio de Justicia azuleño y en Tandil.Dos de las candidatas son mujeres: la defensora oficial Mariana Mocciaro y la fiscal Karina Gennuso. Y los demás postulantes, Albano Gallicchio y Martín Viceconte, quienes -respectivamente- desempeñan funciones en la actualidad como secretarios en los juzgados de Garantías 1 y 2 de la vecina localidad.Con respecto a las vacantes en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad, los aspirantes son Gallicchio, Gennuso y Viceconte, terna en la que -pero de manera complementaria- han sido designados también Reyes y Gardinetti, al igual que la abogada Desirée de Líbano Elorrieta.Según detalla el diario El Tiempo de Azul, el martes de la semana anterior los nombres de esos funcionarios judiciales aparecieron formando parte de las ternas confeccionadas desde el Consejo de la Magistratura provincial para ocupar tres de los cinco puestos de jueces penales que están vacantes en los tribunales orales pertenecientes al Departamento Judicial Azul.Esas ternas con sus listas complementarias para cargos que todavía están sin cubrir en Azul, y también otras para más departamentos judiciales bonaerenses, se dieron a conocer después de lo que fuera una nueva sesión del Consejo.Todas las listas de aspirantes aprobadas tuvieron como denominador común que surgieron del consenso unánime de quienes en la actualidad integran el mencionado Consejo con sede en La Plata.Mariana Mocciaro, Karina Gennuso, Albano Gallicchio, Martín Viceconte, Marina Pannunzio y Analía Reyes, están nominados para convertirse en futuros jueces penales y, de esa manera, ocupar dos cargos en los tribunales orales con asiento en el Palacio de Justicia azuleña.Además, de manera complementaria, en esa lista figuran como aspirantes Juan Pablo Gardinetti y Marcelo Nicolás Adrián Domínguez.La situación en TandilCabe consignar que actualmente el tribunal de la ciudad está solamente conformado por el doctor Guillermo Arecha, quien a sus 73 años está en condiciones sobradas de jubilarse aunque no ha confirmado fecha de despedida.&nbsp;A la hora de celebrarse las audiencias, Arecha es acompañado por colegas del juzgado Correccional (Carlos Pocorena) o jueces de Garantías.&nbsp;La última conformación con sus tres miembros de ese tribunal data de fines de 2019. En un principio, por la jubilación de Pablo Galli en febrero de 2020. Y un año más tarde, por la designación de Agustín Echevarría como camarista penal, lo que implicó que pasara a formar parte de la Alzada departamental luego de que asumiera para ese cargo en septiembre de 2021.&nbsp;En Azul&nbsp;El escenario de retiros no es ajeno en los distintos distritos. Por caso en Azul, a fines de 2018, se jubiló el doctor Gustavo Abudarham y &nbsp;consecuentemente &nbsp;el Tribunal 2 comenzó a quedarse sin sus jueces titulares. Y esa situación continuó con lo que meses más tarde, en marzo de 2019, fue el nombramiento y la posterior asunción de Carlos Pagliere (h) como camarista penal.Desde aquel entonces el Tribunal 2 comenzó a integrarse con Alejandra Raverta. Y en un principio, de manera subrogante, se completó con Luis Surget -el juez de Sentencias del Fuero de Menores- y la otrora jueza de Garantías Magdalena Forbes, quien se jubiló a fines de octubre del año anterior.Posteriormente, la jueza platense Inés Olmedo y Javier Barda -el actual titular del Juzgado de Garantías del Joven- pasaron a formar parte de ese cuerpo hasta la actualidad. Ambos también de manera transitoria, teniendo en cuenta esos dos cargos que todavía están sin cubrir tras la jubilación de Gustavo Abudarham y el nombramiento como camarista de Carlos Pagliere (h).Si bien no está específicamente determinado hasta el momento, a través de las ternas confeccionadas el martes de la semana anterior en el Consejo de la Magistratura no se descarta que esas dos futuras designaciones de jueces sean específicamente para ocupar los cargos que están vacantes en el TOC 2.Las ternas y listas complementarias confeccionadas en el Consejo de la Magistratura, tal como sucede con el mecanismo de este tipo de designaciones, deberá pasar ahora por el tamiz de la Cámara de Senadores bonaerense, desde donde se conocerán los nombres de los futuros jueces, que después tienen que ser avalados por el Gobernador provincial.Teniendo en cuenta que 2023 es un año electoral, se ignora en qué momento sesionará la Cámara Alta para aprobar los pliegos que posteriormente deberán ser remitidos al Ejecutivo.En ese contexto, no deja de ser un significativo avance la confección de estas ternas, teniendo en cuenta que en todo el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires son varios los cargos que están sin cubrir. Más de setecientos, según lo que han afirmado diferentes operadores judiciales. Y no sólo en lo que tiene específicamente que ver, tal como sucede en el Departamento Judicial Azul, con jueces para tribunales orales, señaló el diario colega.

Se conoció la terna para ocupar el Tribunal Oral Criminal local

En las últimas horas se confirmó la intervención del Tribunal de Casación respecto a los recursos de apelación que oportunamente interpusieron las defensas de los condenados Sergio Nahual Morales y Ángel Nahuel Tami, sentenciados a prisión perpetua por el homicidio de Jorge Bustamante, ocurrido en octubre de 2018.Los letrados particulares Luis María Giordano y Matías E. Rutigliano Grisolía, en representación de Morales, y el defensor oficial Pablo Molina Marañón, a favor de Tami, recurrieron la sentencia. Uno de los agravios redundó en el pedido de nulidad de la declaración indagatoria de fecha 22 de noviembre de 2018, por cuanto, convalidó el proceso, sin haberse relevado, según su versión, a su pupilo de la promesa de decir verdad. Entienden que en la declaración testimonial que brindara el 29 de octubre de 2018 prometió decir verdad, y con posterioridad el 22 de noviembre de 2018 en oportunidad de prestar declaración no fue relevado de dicho juramento.En segundo lugar, consideraron que la acusación, fue claramente ampliada, y el fallo trasmutó la calificación de los hechos a una agravante no enunciada por las partes acusadoras al incorporar "ensañamiento y alevosía", como institutos amplificatorios de la clasificación primigenia.Por su parte Molina Marañón, sostuvo que, en función de la prueba producida en el debate, su asistido –Tami-, no tuvo participación, ni planificación, ni ejecución en la muerte de Jorge Bustamante, que sólo le es atribuible el exceso de conducta desplegada por el coimputado Morales, en el robo en el que tuvieran participación ambos encartados.Entre otros cuestionamientos al fallo, consideró que no fue un homicidio planificado, ni con la ultrafinalidad de la impunidad posterior. Agregando que al no existir pruebas suficientes que permitan establecer la certeza plena de la voluntad homicida, debió haber operado el principio "in dubio pro reo", y en consecuencia absolverse a su asistido del delito más grave, y condenárselo por la imputación alternativa.La respuestaRespecto al reclamo de los defensores de Morales, los jueces de Casación coincidieron con la respuesta que oportunamente esgrimió el TOC 1, sosteniendo que no se configuró nulidad procesal alguna, en atención a que, al momento de tomarse la declaración indagatoria se reunieron los recaudos normativos, informándose a Morales que no se encontraba obligado a decir verdad, hallándose debidamente asesorado por su defensa, por lo que finalmente el procesado decidió guardar silencio. Al así hacerlo, se ve a las claras que su silencio no fue castigado, cuál si fuera testigo, demostrando de esa manera que fue relevado de sus deberes como tal.Respecto al planteo del defensor de Tami, se estimó que el recurso resultó insuficiente, puesto que se dirigió a conmover los hechos fijados por el juez sin la demostración de arbitrariedad, ni de la denunciada violación a las normas invocadas, única vía para que este Tribunal pueda ingresar al conocimiento de cuestiones que, como las traídas, resultan privativas de los jueces de mérito.Por lo expuesto, la Sala Cuarta del Tribunal resolvió declarar formalmente admisibles los recursos de Casación interpuestos por los defensores y rechazar los mismos por improcedentes.&nbsp;

Casación rechazó la apelación y confirmó las condenas por el crimen de Bustamante

Un jurado popular sorprendió con su veredicto y tres acusados de abusos recuperaron su libertad

A tal punto llegó la presión social en el que quedó inmerso el caso ventilado, que los jueces que tenían la responsabilidad de exponer su veredicto, se tomaron la licencia de hacer algunas aclaraciones, acerca de las circunstancias y la valoración de la prueba previo lectura del anticipo del veredicto.El juicio en cuestión, precisamente contó con cuestiones sensiblemente particulares. Por primera vez el TOC 1 estaba integrado por la citada conformación, los jueces José Alberto Moragas y Virginia Giombini, del juzgado de Garantías 1 y del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, respectivamente, más el juez en lo Correccional Carlos Alberto Pocorena, este último más común a la hora de verlo en los estrados judiciales de la sala de debate.&nbsp;

A tal punto llegó la presión social en el que quedó inmerso el caso ventilado, que los jueces que tenían la responsabilidad de exponer su veredicto, se tomaron la licencia de hacer algunas aclaraciones, acerca de las circunstancias y la valoración de la prueba previo lectura del anticipo del veredicto.El juicio en cuestión, precisamente contó con cuestiones sensiblemente particulares. Por primera vez el TOC 1 estaba integrado por la citada conformación, los jueces José Alberto Moragas y Virginia Giombini, del juzgado de Garantías 1 y del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, respectivamente, más el juez en lo Correccional Carlos Alberto Pocorena, este último más común a la hora de verlo en los estrados judiciales de la sala de debate.&nbsp;La otra arista, precisamente tuvo que ver con la aclaración que quiso ventilar el propio tribunal antes de conocer su resolución. La lectura de dicho pronunciamiento, además de esclarecer sobre el pensamiento de los magistrados frente a esta atípica atención que generó el caso, vino a respaldar las decisiones que se tomaron a lo largo del proceso, independientemente que ahora se consideró que no había prueba para dictaminar un fallo condenatorio.Dicha aclaración se leyó como una respuesta a las críticas vertidas antes, durante y posterior al juicio, para con el accionar de la jueza Aracil y los camaristas, en definitiva colegas de los ahora integrantes del TOC 1.&nbsp;En ese contexto, el propio juez Pocorena dijo que el Tribunal no podía desconocer la trascendencia pública que tuvo esta causa desde su inicio, por lo cual, “el Tribunal considera conveniente previo a la lectura de la resolución, apartarse mínimamente del formalismo procesal para dar cuenta de algunas consideraciones”.&nbsp;Se dijo respetar la angustia de las partes directamente afectadas, reconocieron la activa participación durante el proceso del Ministerio Público, del Particular Damnificado y de la Defensa. &nbsp;Asimismo, &nbsp;“entendemos que en el debate se han tratado las posturas antagónicas, se ha recibido evidencia y anticipo probatorio como las Cámaras Gesell, y debemos hacer una referencia a las exigencias probatorias en las distintas etapas del proceso”. Así, se quiso destacar que “las resoluciones anteriores adoptadas por el juzgado de Garantías 2 y la Cámara de Apelaciones, solo exigían por el propio estadio procesal la probabilidad de la existencia del hecho y la autoría responsable del imputado, situación muy distinta a la que tenemos hoy, donde se exige la certeza positiva en la existencia del hecho y que el imputado es el autor responsable”.&nbsp;En consecuencia, adelantaron que “la probatoria reunida en ese aspecto no ha sido suficiente en ese sentido”, y así se anticipaba lo que vendría a los minutos, la lectura por parte de la secretaría del Tribunal la absolución de Juan Rosso y la inmediata libertad del mismo.&nbsp;

La singular aclaración del Tribunal en respaldo al curso del expediente

Tras el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la Defensa para arribar a un juicio abreviado y resolver la condena del imputado por el crimen de la jubilada Olga Sprovieri, el juez del TOC 1, Guillermo Arecha, convalidó lo pautado y falló con una sentencia condenatoria, dictando 12 años de prisión al acusado del homicidio en ocasión de robo, tal rezaba la caratula de la compleja instrucción penal preparatoria que logró esclarecer el fatal suceso que, en la primera escena, parecía desestimar una muerte violenta.Como oportunamente se informó, la víctima fue hallada sin vida en la tarde noche del 28 de febrero de 2019 por familiares. El cuerpo yacía en el piso, al costado de la cama de su habitación. A priori, no había signos de violencia y, además, tampoco se evidenciaban que faltasen elementos de valor. Sí había algo de desorden en la escena. Sin sospechas de un hecho violento, serían los propios familiares en medio de la congoja los encargados de notificar a la policía y al médico de familia de lo que se presumía una muerte natural para que realice el certificado de defunción rutinario. Empero, cuando quisieron comunicarse con el celular de la mujer muerta advirtieron que dicho aparato no estaba, tampoco su cargador. Eso disparó las primeras dudas de la policía que convocó a los actores judiciales y, desde allí, un infatigable derrotero, entre averiguaciones, peritajes, para arribar a la conclusión de que Olga Sprovieri había sido estrangulada en manos de alguien que desde iniciada la pesquisa se apuntó: Claudio Mauricio Fuentes, conocido del entorno familiar y con antecedentes delictivos.Si algo faltaba para reunir indicios vehementes contra el señalado, sería lo que ocurrió días posteriores al suceso, cuando una comisión policial fue a su casa para cumplimentar un procedimiento de rigor por el cual había sido notificado, en busca de alguna prueba que lo relacione con el suceso criminal. Fuentes huyó de su casa y en medio de la persecución policial se subió a una losa en construcción y se lanzó de unos ocho metros de altura, caída que provocó severas lesiones que motivaron su internación en el Hospital. Allí, una vez curado de sus heridas sería notificado de la causa en su contra y la respectiva imputación. Más luego fue derivado a la unidad penitenciaria donde hoy permanece y seguirá por una docena de años, según reza la condena.El falloAl decir del veredicto del juez Guillermo Arecha, se acreditó de modo suficiente que el 28 de febrero de 2019, en el transcurso horario comprendido entre las 9.30 y las 10.40, aproximadamente, el señalado ingresó en la vivienda ubicada en calle Chacabuco 1288, habitada por Olga Hortensia Sprovieri, con la finalidad de sustraer bienes de valor económico. Luego de sorprender a la víctima en el interior del domicilio, la acometió a golpes para inmovilizarla en su dormitorio y, para vencer su resistencia y evitar el pedido de auxilio con fuerza comprimió manualmente su cuello, provocándole una asfixia que causó una insuficiencia cardio-respiratoria que determinó el deceso de la víctima, apoderándose ilegítimamente del teléfono celular, propiedad de la nombrada.Sentenció el magistrado que el conjunto de indicios reunidos, analizados en conjunto y por su directa relación con el hecho acreditado, permiten concluir de un modo asertivo en la participación penalmente responsable de Claudio Mauricio Fuentes por el apoderamiento del teléfono celular y el homicidio de Sprovieri.Las pruebasComo circunstancias acreditadas anteriores al 28 de febrero de 2019 se refirió al conocimiento personal existente, por vínculos familiares, entre víctima y victimario y aquellos que corresponden a un conocimiento en detalle del lugar –domicilio de Sprovieri-, aportando elementos que han permitido al autor la planificación más cuidada del propósito criminal que se había propuesto.También se tuvo en consideración la acreditada presencia de Fuentes el día anterior al hecho (27 de febrero) en la inmediación del domicilio de la víctima ubicado en calle Chacabuco esquina Pellegrini y, concretamente, exteriorizar la acción de aproximarse a la ventana de la vivienda que se corresponde al ambiente del comedor diario de la casa que da sobre calle Pellegrini, ello guarda relación con la intención de Fuentes de estudiar con mayor detalle la edificación: seleccionar el lugar más conveniente por donde ingresar, reconocer la disposición interna de los ambientes de la vivienda, como así también visualizar la existencia de medidas de seguridad que pudiera contar la casa -el tipo de cerramientos, presencia de rejas de protección, alarma, etc.-, considerar el camino que facilitaría el egreso, además de conocer las características propias del barrio y del entorno circundante al domicilio objetivo, hábitos de los vecinos y movimiento de personas en ese momento del día. Ya sobre la presencia del homicida en el lugar del hecho, se comprobó con los soportes fílmicos rescatados de cámaras de seguridad particulares, de un estudio contable y de un rapipago enfrente a la escena del crimen.La actitud después del hechoAsimismo, no se dejó de señalar la actitud del sospechado con posterioridad al hecho.En ese aspecto, el juez señaló que Fuentes con conocimiento que la intervención policial solo tenía como cometido su requisa, no su detención, lo cual le fue explicado vía telefónica por mensajes y luego personalmente en el lugar que se concertó para el encuentro (Pasaje Murature y Laprida), manifestó que iría a su domicilio y que luego se presentaría en la DDI, no acatando la orden impartida Fuentes se dio a la fuga a la carrera hasta Del Valle &nbsp;y por esta hacia calle Alem, para ingresar en una obra en construcción allí existente, siendo observado parado en el margen de la línea de construcción del primer piso –a una altura de ocho metros- y arrojarse de allí al suelo. A consecuencia de ello luego de una primera atención que se le brindó por los profesionales que concurrieron en la ambulancia del SAME fue trasladado al Hospital Municipal, constatándose múltiples lesiones y fracturas.Arecha tuvo en cuenta la experiencia personal de Fuentes por haber estado con anterioridad involucrado en actuaciones judiciales que culminaran con una sentencia condenatoria, “la circunstancia de la diligencia encomendada judicialmente en el marco de la presente causa no le resultaba extraña, por ello su actitud de darse a la fuga encuentra crédito para ser considerado un indicio de sospecha más. La conducta de Fuentes de arrojarse al vacío desde una altura de ocho metros –presumible en un intento suicida- más se compadece con la acción de quien intenta sustraer su responsabilidad por la comisión de un delito y no de rehusarse a su requisa como estaba informado”.

El Tribunal confirmó la condena para el acusado de asesinar a Olga Sprovieri

Cristian Omar Ariel Rodríguez recibió recientemente, a través de un juicio abreviado, una condena, otra más. Se trata de un “conocido personaje” para la policía como los judiciales. Lo han visto desfilar una y otra vez por los pasillos de los calabozos como de las dependencias tribunalicias. Un tandilense que no para de robar en medio estadios y liberaciones de una unidad penitenciaria a otra, con una fuga en el medio.
En esta oportunidad, el reincidente fue sancionado a la pena de tres años y tres meses de prisión, al ser considerado autor del delito de “Robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud de disparo no pudo acreditarse”, uno más de su larga lista de sucesos delictivos.
Por caso, hace casi una década Rodríguez era noticia porque se escapó de la cárcel de Sierra Chica mientras gozaba del beneficio de un régimen especial de detención, aun cuando le quedaban más de cinco años para terminar de cumplir su sentencia por ser protagonista de  violentos robos. En Tandil atacó con un caño de metal a un matrimonio, causándoles heridas en la cabeza, las mismas personas que años antes lo habían alimentado cuando era apenas un niño. Pero, además, había amenazando con un cuchillo a dos empleadas en asaltos a una heladería y a una estación de servicios de la ciudad.
Ahora, se le acreditó que cerca de las 21.20 del 14 de mayo del año pasado, ingresó al comercio de avenida Perón y Necochea, donde  extrajo de sus prendas de vestir una pistola, acerrojó la misma y, apuntando hacia abajo y amenazó a la empleada. &#8220;Callate la boca y dame todo lo que tengas porque vuelo…&#8221;, dijo sin más,  por lo que la joven no ofreció resistencia y le entregó unos 600 pesos en efectivo del comercio, con lo que el imputado huyó.
Hasta allí, un robo más de los que ocurren en lo cotidiano en la ciudad, con el aditamento en este caso que el personaje implicado cuenta en su haber con un frondoso prontuario que le valió el protagonismo en varios expedientes como en las páginas de los diarios, a fuerza de delitos, detenciones y condenas.
El derrotero procesal
En efecto, como circunstancia potenciadora de la pena que se le impuso en este juicio se tuvo en cuenta la multiplicidad de antecedentes penales computables que poseía, todos ellos por delitos contra la propiedad mediante el uso de arma de fuego.
Se desprende de los informes del Registro Nacional de Reincidencia y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que Rodríguez fue condenado por el mismo Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad por varias causas acumuladas de 2007 a 2009, a la pena de cinco años y dos meses de prisión, por lo cual fue beneficiado con libertad condicional en 2010 por el Juzgado de Ejecución Penal 1 de Azul.
Al año, más precisamente el 25 de noviembre de 2011, el nombrado sería nuevamente condenado por el Juzgado de Garantías 1, computándosele las penas de causas que tenía acumuladas.
En diciembre de aquel año, Rodríguez volvería a ser protagonista en la sala de audiencias del mismo Tribunal Criminal. Era nuevamente condenado y declarado reincidente, imponiéndosele la pena única de once años de prisión, comprensiva de la que se impuso en aquella como responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma -hechos cometidos en Tandil-; y la pena única de cinco años y ocho meses del Juzgado de Garantías 1, que a su vez comprendía la pena de cinco años y dos meses de prisión impuesta el 7 de abril de 2009.
Finalmente, el 16 de septiembre de 2013 el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Azul lo volvió a condenar por otro suceso delictivo a la pena única de 13 años de prisión, comprensiva de la de dos años de prisión que se impuso por el delito de robo simple, cometido en Olavarría el 16 de abril de ese año,  más la sentencia que ya pesaba sobre sus espaldas de los once años.
Según reza el informe de reincidencia, dicha condena fue parcialmente ratificada por el Tribunal de Casación, readecuando el monto de la pena impuesta a un año y siete meses de prisión por el delito de Robo Simple en Olavarría, y quedando en consecuencia la pena única impuesta en 12 años y siete meses de prisión. Condena que quedó firme el 11 de octubre de 2015.
El año pasado, el Juzgado de Ejecución Penal le concedió la libertad asistida, y el 29 de marzo recuperó su libertad, para dos meses más tarde volver a delinquir por el robo ahora sentenciado.
Un raid interminable
Sobre los antecedentes de Rodríguez, las páginas de los diarios locales y la zona lo tuvieron como figura estelar de recurrentes hechos.
Por caso en abril de 2013 el diario olavarriense El Popular aludía al arresto del “sospechoso de siempre” por un robo en dicha localidad, cuando se había evadido de la Unidad Penal 27 de Sierra Chica, donde gozaba de un régimen especial de detención y le restaban cinco años para cumplir su condena pese a que sus antecedentes lo marcan como una persona violenta.
Por aquel año, la fuga de Rodríguez Sosa atrajo la atención porque había sido la cuarta que se produjo en la misma unidad penal en ese año, exponiendo un sistema donde personas con condenas importantes por delitos violentos terminaban ganando la calle sin más traba que la propia decisión de abandonar sus lugares de alojamiento.
El prófugo de aquellos días, condenado a 11 años de prisión por el Tribunal tandilense terminaría de purgar el 4 de mayo de 2018 su sentencia y gozaba de los alcances del artículo 100 de la Ley 12.256, que permite que determinados presos puedan acceder a un sistema de régimen de detención abierto que les permite circular libremente dentro del perímetro de sus lugares de detención, sin una custodia especial.
El citado régimen &#8220;abierto&#8221; se empezó a aplicar ese año con algunos pruritos de seguridad, como alambradas y garitas para la vigilancia de los guardiacárceles.

Una nueva condena a prisión para el tandilense que no para de robar

Una nueva condena a prisión para  el tandilense que no para de robar

Los datos son tan contundentes como letales, acecha y asfixia como la mismísima pandemia para los grupos de riesgo, entre ellos –mal que les genere rechazo a varios- la comunidad carcelaria. En los últimos cuatro años, sólo en la provincia de Buenos Aires, que concentra a más del 55 por ciento de los presos a nivel nacional, la cantidad de reclusos aumentó de 33 mil a 45 mil, lo que llevó a una superpoblación que supera el 45 por ciento.
El diagnóstico era conocido antes del Covid-19 y tanto las denuncias como los pedidos de auxilio de los operadores judiciales siempre cayeron en saco roto. Ahora, como supo decir un magistrado, el coronavirus no hizo más que desnudar lo que estaba a las vista de todos, incluso de aquellos que por estas horas esbozan gestos de sorpresa e indignación frente a los micrófonos cuando fueron los mismos que, por lo bajo, dieron directivas precisas a los jueces que ahora critican para que “saquen el pie del acelerador” a la hora de ordenar detenciones.
Trayéndolo a la ciudad y con la mayoría de los reclusos alojados en la Unidad Penitenciaria de Barker, la población carcelaria duplica la capacidad por la cual fue habilitada. Porcentaje aún peor en los mismísimos calabozos de las comisarías, cuya función dista de ser la de alojar por tiempo indeterminado a procesados y cuyas condiciones edilicias merecieron, incluso, las clausuras.
En medio del caótico escenario, la emergencia sanitaria obligó a tomar determinaciones que colisionan con las expectativas de buena parte de la población y, en especial, de aquellos que fueron víctimas de los que hoy pugnan por ser tenidos en cuenta a la hora de una resolución que les permita salir del encierro carcelario y el riesgo de contagio para purgar su pena en un domicilio.
Bajo las recomendaciones internacionales, como el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Suprema Corte provincial, los magistrados debieron y deberán lidiar entre las pretensiones de los victimarios y la mirada de las víctimas, para lo que se transformó en un debate nacional (con sus intereses políticos a cuestas) y del cual Tandil y sus funcionarios judiciales no quedaron ajenos.
Los casos en Tandil
La desinformación o propagación de noticias malintencionadas llevó a confusiones varias que distan de la realidad, con casos que claramente llamaron al repudio generalizado pero que a la luz del devenir procesal penal, están atados a protocolos bien concretos que hacen a la decisión asumida.
En lo que respecta a la Justicia penal local, este Diario pudo recopilar información sobre los casos abordados específicamente relacionados con el Covid-19, sin dejar de señalarse que en paralelo, se sucedieron excarcelaciones que igualmente iban a sucederse –y sucederán- más allá de la emergencia sanitaria.
Del relevamiento realizado por las distintas dependencias penales que tuvieron en sus manos una extensa lista -alrededor de medio centenar- de recursos defensistas para que se resuelvan las morigeraciones, se concedieron una veintena de arrestos domiciliarios, comprendidos dentro del protocolo fijado por las autoridades provinciales, que atañen a la consideración del grupo de riesgo frente al Covid-19, sea por enfermedad preexistente o por edad.
En lo que respecta a las resoluciones emanadas del Tribunal Criminal 1, se dictaron seis morigeraciones en el contexto del coronavirus. Por citar los casos, uno de los reclusos que recibió el beneficio purga una pena por un robo con arma blanca, quien padece una enfermedad preexistente y no contaba con antecedentes penales antes del suceso penalizado.
Otros dos casos tienen que ver con delitos conocidos como narcomenudeo. Uno se trata de una mujer apresada, quien es madre de tres hijos y que en la actualidad no tenía quién se encargara de la guarda. En el otro caso, el recluso fue diagnosticado con EPOC.
El resto se trató de un caso con domicilio en Mar del Plata, y los otros que a la luz pública resultaron los más controversiales: el condenado por doble homicidio Julio César Paz, y Jorge Alberto Lucero, sentenciado por abuso sexual (ver aparte).
Juzgado de Garantías
En un escenario similar trabajan los dos Juzgados de Garantías locales, a cargo de procesados, detenidos con prisión preventiva pero aún sin juicio, ergo sin condena.
En ambas dependencias la cifra alcanza a la docena de morigeraciones concedidas y otras tantas rechazadas en la misma caterva de recursos presentados por las defensas.
Los resultados favorables para las pretensiones defensistas redundaron en razones de salud del interno y, un caso particular de un recluso que se le concedió el arresto en el domicilio de su madre, quien por su estado de salud necesita de una guarda y no había otra persona que pudiera hacerse cargo.
Detalles y aclaraciones
De lo que este Diario pudo confirmar, fueron en total hasta aquí 57 pedidos de distinta naturaleza de las defensas que tienen que ver con mejorar la situación procesal de personas que están privadas de la libertad.
Los tribunales y juzgados que están interviniendo son el Tribunal Oral Criminal 1, los dos juzgados de Garantías y dos juzgados de Ejecución Penal de Azul y Alvear.
De esa totalidad de pedidos, hay un grupo de 12 detenidos que están dentro de los considerados de riesgo de Covid-19, para el cual se siguen los lineamientos del Ministerio de Justicia y el Tribunal de Casación.
Son personas que tienen más de 65 años de edad o problemas de salud, fundamentalmente diabetes o patologías respiratorias, asma o inmunodeprimidos.
Hay otro grupo de personas que si bien no se encuentra dentro del grupo de riesgo por Covid-19, ya tenían previamente a la emergencia sanitaria pedidos de morigeración, excarcelación y coerción de la condena, casos que ya estaban en condiciones temporales de acceder el beneficio.
En estos casos, oportunamente los respectivos defensores argumentaron sobre las cárceles hacinadas, superpobladas. Sin recursos económicos para sostener tanto la demanda sanitaria como alimenticia, con lo cual en el caso de no resolverle su situación en tiempo oportuno lo que hacía era generar un mayor riesgo de contagio no sólo con relación a los internos sino también a los profesiones del servicio penitenciario.
El total de personas que recibió la venia de los planteos en cuestión fue de 21. Un número similar de casos fue rechazado y otros tantos están pendientes de resolución.
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El seguimiento y contralor
En todos los casos detallados, los jueces fueron contestes en subrayar en sus resoluciones que el beneficio de la morigeración durará hasta tanto permanezca la emergencia sanitaria. Una vez disipada, de tener que seguir cumpliendo la pena, retomarán su estadía carcelaria.
Asimismo, se impartieron directivas concretas para que tanto la policía como los auxiliares de la Justicia realicen controles periódicos, sorpresivos, incluso en algunos casos con custodia permanente, para que se cumpla con el arresto domiciliario.
A la vez, se aclaró que previo a las resoluciones citadas, el juez debe contar con la venia del Ministerio Público Fiscal (acusador), quien representa los intereses de las víctimas. Asimismo, y si bien la ley no obliga a hacerlo como en las excarcelaciones, también se notifica a las propias víctimas sobre la decisión asumida.
A propósito de las figuras penales, en medio de la confusión mediatizada, se aludió a las excarcelaciones “masivas”, cuando por lo confirmado en el pleno local nada de eso sucedió. Es más, las excarcelaciones se dan incluso para aquellos que hayan purgado una determinada cantidad de años en prisión y dependiendo de la sentencia fijada, criterio que está por fuera de la emergencia sanitaria y cuyas liberaciones están contempladas en el Código Procesal Penal que los legisladores supieron concebir y ahora parecen desentenderse.
Para los jueces se trata, en definitiva, de resolver situaciones sumamente delicadas que acarrean reacciones lógicas como legítimas, especialmente de aquellos que padecieron el accionar delictivo de los que ahora obtuvieron el beneficio de purgar su condena fuera de las rejas penitenciarias, pero dentro de sus domicilios. “Estamos en el debate mundial de si se privilegia el derecho a la salud o la libertad”, supo graficar un magistrado frente a la cuarentena obligatoria que toca atravesar al mundo y al común de los mortales.  Mal que les –nos- pese, también dentro de ese inusual contexto está el universo carcelario que, paradójicamente, ahora pugna por salir del aislamiento preventivo, social y obligatorio regido por un Código Penal para cumplir otro aislamiento, el domiciliario.
Los casos que generaron rechazo
Para los casos resueltos en esa dirección que salieron a la luz y generaron rechazo en la opinión pública se hizo un distingo que, por más razones que se esbocen sobre lo razonado, igualmente generará repulsión. De hecho, por lo bajo, en los pasillos judiciales se percibió entre los funcionarios que la decisión fue a regañadientes.
Uno de los casos polémicos resultó el del sentenciado por abuso sexual Jorge Alberto Lucero, quien no cumplió aún ni la mitad de la pena y recibió el beneficio de la morigeración por el diagnóstico que trazó el personal médico sobre su deteriorado estado de salud.
Cabe consignar que su arresto domiciliario generó la lógica indignación vecinal y, en especial de Roxana, la madre de la víctima, quien le expresó a este Diario en ediciones pasadas su preocupación por la alta posibilidad que tendría de fugarse al no tener tobillera electrónica.
Al respecto, desde el Tribunal se subrayó que el caso mereció un pormenorizado análisis y se dieron las condiciones sanitarias (con el parte médico del Servicio Penitenciario correspondiente) como socioambientales para otorgar el beneficio. Se insistió en el monitoreo diario que se encargó para con el condenado, como así también con el distanciamiento que deberá cumplir para con menores de edad. De hecho, su mujer aceptó que viviera con él en su domicilio.
El otro caso tuvo que ver con Julio César Paz, quien goza de un peligroso prontuario entre dos homicidios y otro intento de asesinato.
Si bien aquí también se tuvo el criterio de tratarse de un paciente de riesgo, lo cierto es que por el tiempo que lleva detenido estaba pronto a recibir la excarcelación.
A más precisiones, según lo regido para el recluso citado, se determinó que el 30 de noviembre de 2020 rige el vencimiento de su pena, y el 30 de mayo de 2020 como fecha para la posibilidad de obtención de la libertad asistida, seis meses antes del agotamiento de la pena.
En ese delicado escenario, los jueces locales optaron por el arresto domicilio por el parte médico que también alude a un cuadro de riesgo, con estrictos controles y seguimiento, antes que la eventual excarcelación que, en definitiva lograba su liberación más temprano que tarde.

Entre la emergencia carcelaria y la mirada de las víctimas, los jueces resuelven las domiciliarias

Entre la emergencia carcelaria y la mirada de las víctimas, jueces definen las prisiones

Tal se había anticipado tras ventilarse los alegatos de las partes, ayer finalmente el TOC 1 dio a conocer su veredicto en torno a la responsabilidad penal de los dos funcionarios comunales acusados por las irregularidades en la primera concesión del Hipódromo de Villa Aguirre.
En una voluminosa sentencia, el juez Gustavo Agustín Echeverría, acompañado por sus pares Guillermo Arecha y Carlos Pocorena, dieron por probado el delito endilgado el exsecretario de Desarrollo Local Pedro Espondaburu. En tanto que se desestimó la acusación contra el director de Vialidad Guillermo Allasia, quien fue absuelto.
Para el exsecretario condenado, se lo sentenció a la pena de una multa de ocho mil pesos e inhabilitación especial para ejercer cargo público de cuatro meses, como autor penalmente responsable del delito de “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”
En consonancia con la petición fiscal, el Tribunal ordenó remitir a la Unidad Funcional de Instrucción en turno copia certificada de las partes pertinentes (acta de debate y de la presente sentencia), atento la posible comisión de delito de acción pública, a los fines de investigar por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública por parte de Emiliano y Carolina Blanco -hijos de Blanco- y de Roberto Berti; y por la participación necesaria en ese delito respecto de Oscar Maggiori, Jorge Norberto Rodríguez, los miembros de la Comisión de Seguimiento y/o cualquier otro funcionario con responsabilidades en la supervisión del hipódromo de Tandil de la Dirección Provincial de Lotería y Casinos.
“No puede ignorarse, como lo han manifestado el propio Espondaburu y muchos testigos en el juicio –entre otros el intendente Miguel Ángel Lunghi y Juan Pablo Frolik- que el poder administrador-político debía dar margen y elasticidad para que el proceso y el proyecto de desarrollo del Hipódromo no fracasaran, como ocurre en general con todas las concesiones. Pero, dicho margen no podía extenderse más allá de unos meses, nunca durante varios años en los que la falta de obra, de premios y la desaparición de dinero se volvía casi obscena”, rezó uno de los destacados párrafos del veredicto que da por acreditado las irregularidades oportunamente denunciadas como investigadas.
En ese tono, los jueces no dejaron de señalar que “nadie podría discutir que el Municipio no tenía que ahogar el resurgimiento del Hipódromo con exigencias o controles estrictos que terminaran haciéndolo fracasar. Pero, tampoco podía ignorar que luego de los primeros meses se estaba ante una evidente administración fraudulenta en la que los fondos públicos y de la Dirección de Loterías y Casinos no llegaban al destino para el cual eran otorgados y que muy probablemente eran derivados en provecho propio de la empresa Vistas Serranas”.
Así también, no olvidaron subrayar que “el funcionario encargado de velar y supervisar la utilización por terceros –concesionados- de dinero proveniente de órbitas estatales, no solo responde ante la propia administración pública de la cual es funcionario, sino también ante los propios ciudadanos, quienes con el pago de sus impuestos sostienen todo el aparato estatal”.
Acreditado
En efecto, Echeverría y compañía dieron por acreditado que Pedro Horacio Espondaburu,  como responsable de la Secretaría de Desarrollo Local de la Municipalidad de Tandil, se hallaba a cargo del control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario del Hipódromo de Tandil, entre ellas asegurar la calidad de los servicios, la continuidad de la prestación, el control, fiscalización y verificación de las normas en vigencia y el cumplimiento del contrato de concesión, conforme lo estipula la cláusula séptima del referido contrato de concesión.
En dicho contexto funcional, el imputado ahora sentenciado, omitió efectuar los controles a los que se hallaba obligado, entre ellos, omitió efectuar inspecciones para verificar la falta de inversión en infraestructura –en el 40% del subsidio al cual la concesionaria estaba obligada-, y corroborar de esta manera el incumplimiento de la ejecución de las obras y su conservación, exigir al concesionario efectuara en tiempo y forma la reconstrucción y mantenimiento de la pista de carrera, de la empalizada, y del cerco perimetral, que colocara el sistema de riego en la pista, hiciera realidad el servicio médico de primeros auxilios durante la práctica o entrenamiento de jockeys y vareadores, como asimismo asegurara un servicio médico veterinario de primeros auxilios durante las horas de práctica o entrenamiento de los caballos de carrera, y el mantenimiento de un servicio de vigilancia permanente en el predio, no exigió en tiempo y forma el pago de los cánones, tasas y porcentajes comprometidos de las apuestas simulcasting (que debían ser donadas estas últimas al Hospital de Niños local), no controló y exigió se regularizaran laboralmente a los trabajadores que se desempeñaban en relación de dependencia para la firma en el Hipódromo.
Tampoco controló –dice la sentencia- las declaraciones juradas, documentación respaldatoria, la contabilidad y el destino dado a los subsidios pagados trimestralmente por el Instituto de Lotería y Casino Provincia. No aplicó sanciones ante los incumplimientos cometidos por el concesionario; no dio inmediato aviso a los responsables de Lotería y Casinos provincial de los incumplimientos o irregularidades constatadas. Y no instó, una vez verificadas las irregularidades, la caducidad de la concesión o la aplicación de sanciones, no impulsó la correspondiente investigación, ni los avisos y alertas a autoridades competentes tendientes a esclarecer los faltantes dinerarios repetidos, que resultaban evidentes, y/o implementar los mecanismos necesarios para impedir que se desviaran los montos dinerarios provenientes del subsidio por parte de la concesionaria.
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La responsabilidad
A la hora de analizar la Espondaburu, el Tribunal afirmó que por vía indirecta, la acusación logró reconstruir la secuencia de las omisiones y eventuales retardos, además de la autoría y responsabilidad de Pedro Horacio Espondaburu en las mismas.
Al respecto, se añadió que a lo largo de toda su gestión como Secretario de Desarrollo Local (2007 al 2010) tuvo en sus manos los resortes para llevar a cabo los controles legales que le correspondían, pese a lo cual o bien no los realizó o si lo hizo se limitó a un plano nominal, sin ir al fondo de las irregularidades en curso, y no disparó los mecanismos pertinentes para impedir la defraudación en marcha por parte de Vistas Serranas.
Por otra parte, señaló el fallo que  quedó probado en el juicio que Espondaburu no ejerció una vigilancia activa, constituyéndose en el hipódromo, controlando eventuales obras, verificando la evolución de la concesión, o al menos entrevistándose con personas vinculadas a la actividad que pudieran trazarle un panorama de lo que estaba aconteciendo.
La absolución de Allasia
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Ya abocados a la acusación contra el directo de Vialidad Guillermo Allasia respecto al uso de los camiones regadores en la pista de carreras, lo que valió la imputación del delito “Peculado”, para los jueces la probatoria reunida en el debate oral determinó que dicha utilización “no implicó una sustracción del bien –en este caso del camión regador- de la esfera de la administración pública, requisito indispensable para el encuadramiento de la conducta en la figura básica del primer párrafo de la norma imputada (Art. 261 del C.P.)”.
A la vez, se detalló que “no importó el apartamiento de la prestación de la esfera pública a la que se hallaba afectado”, como tampoco “fue en el caso un servicio pagado por la administración pública; elementos éstos necesarios para la figura específica del peculado de servicios.
En el caso en juzgamiento, se entendió  que el servicio de riego prestado con el camión perteneciente a la Dirección de Vialidad en el predio del Hipódromo no significó un apartamiento de la función pública para el que se encuentra asignado, en los términos previstos por la norma.
En primer término, porque no ha surgido la existencia de una normativa municipal específica que prohíba el uso de los bienes municipales en espacios concesionados, o –menos aún- en concesiones que cobren además un subsidio provincial.
Asimismo, se mencionó que siguió la orden de un superior jerárquico según la estructura municipal, por cuanto era instruido por el Secretario de Obras Públicas, de donde depende la Dirección de Vialidad, para proveer los pedidos que le giraban, cuestión fue confirmada a su turno por el Intendente y por el Sr. Secretario de Obras Públicas Mario Civalleri en sus declaraciones en debate.
Para los jueces, la actividad desplegada por Allasia no importó una disposición ilegítima, por cuanto no resultó un apartamiento de la prestación de la esfera pública, ni de la función pública a la que se encuentran asignados los enseres que tiene confiados en razón de su cargo.
“En efecto, cada reunión de carreras importa un evento deportivo, cultural y hasta turístico que recibe gran cantidad de público, tanto Tandilense como de ciudades vecinas y, siendo una actividad fomentada por el mismo estado municipal, resulta lógica la evaluación de su concreción como de interés público Municipal y la consecuente colaboración en su realización”, se argumentó en el fallo.
Diferencias de gestiones
En un apartado del extenso fallo, el TOC supo distinguir los diferentes planos de acontecimientos que tuvieron incidencia en los hechos traídos a juzgamiento, que si bien se interrelacionan con los mismos, deben ser diferenciados a la hora de tomar una decisión en esta controversia.
Al respecto, se refirió que si bien la concesión otorgada por el Municipio a Vistas Serranas duró ocho años -del 20 de febrero de 2006 hasta el 30 de julio de 2014-, la misma tuvo dos etapas que el juicio diferenció netamente: una primer etapa, desde el inicio del contrato hasta abril de 2010, controlada por Maggiori y Espondaburu, y una segunda etapa, desde abril de, controlada por Frolik y Berestain-.
Al respecto, se acotó que el primer tramo se caracterizó por una notable laxitud en los controles sobre la concesión por parte del Municipio, mientras que en la segunda, se empezaron a verificar controles con mayor intensidad y frecuencia, con los que a la larga y ya llegando al final de la concesión se logró que muchas de las obras se fueran concretando, aunque sin llegar nunca a una total satisfacción de los convenido en el pliego de condiciones y el contrato de concesión.
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El fin político y las obligaciones legales
Los jueces no dejaron de mencionar la coincidencia de forma unánime de todos los participantes de la audiencia de juicio –testigos, y partes-, en cuanto a que la decisión de la gestión del intendente Miguel Lunghi, de rescatar el Hipódromo de la ciudad de Tandil, restaurarlo y ponerlo en funcionamiento, fue ampliamente apoyada, elogiada y acompañada por la ciudadanía y las fuerzas políticas tandilenses e incluso por las personas vinculadas al turf.
En tal sentido, se escuchó a testigos aludir a un gran logro del gobierno, que benefició no solo al Hipódromo propiamente dicho, sino también a todo el barrio y zonas adyacentes, constituyendo un polo de desarrollo y pujanza para ese sector de la ciudad.
“Es por ello que debe quedar en claro desde un principio de este análisis, que no está aquí en cuestionamiento ni en discusión, la decisión de `recuperar para la ciudad el hipódromo´ y sostenerlo en funcionamiento. Pero este fin, loable por cierto, no justifica que en el primer tramo de la concesión –período traído a juicio-, los medios de control que debió ejercer el Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Local, no fueran los que el propio contrato y el pliego de condiciones le exigían a los funcionarios destinados a ese fin”, se expuso en la sentencia.
En tal sentido, los jueces dijeron comprender perfectamente el criterio y temperamento de gestión que reflejaron el Intendente y Juan Pablo Frolik –exJefe de Gabinete- en sus declaraciones en juicio, en cuanto a que “al concesionario hay que acompañarlo”, dándole “oxígeno administrativo” para que pueda continuar y no fracase el proyecto. Y que en todas las concesiones que el Municipio otorga, existe una cierta contemplación o flexibilidad en los controles, con el propósito que los objetivos fijados se cumplan.
“Pero ocurre que el juicio reveló con absoluta claridad, que los incumplimientos reiterados de Blanco fundamentalmente en dicho período -2006/2010- eran notorios, y lo que es peor, resultaban absolutamente injustificados.
Porque como contracara de dichos incumplimientos, Vistas Serranas percibía una elevada subvención, que no solo le permitía afrontar holgadamente sus obligaciones –por ejemplo el pago del canon mensual al Municipio-, sino también que era esperable un mejoramiento sustancial del Hipódromo de Tandil”.
Las competencias
Abordando el grado de competencias que había sobre el circo de carreras, el TOC sintetizó en que la obligación de control que el funcionario traído a juzgamiento tenía sobre la empresa concesionaria Vistas Serranas S.A. se sustentó en el hecho de ser el Municipio el locatario del predio, y de ser también el titular de la licencia para la realización de la actividad hípica; circunstancias que podían derivar en diversas responsabilidades civiles y administrativas.
Al decir del fallo, quedó claro que, en todo lo atinente a lo deportivo, carreras, controles antidoping y premios, habilitaciones para correr, etc. existía una responsabilidad primaria por parte de la Dirección Provincial de Loterías y Casinos. En todo lo demás, según puso de manifiesto el juicio, y en virtud del contrato de concesión, la responsabilidad de contralor en infraestructura, recuperación de pista de carreras, instalaciones aledañas, Tattersall, baños, tribunas, studs, empalizada, sistema de riego, sistema de desagüe, seguridad, vigilancia, asistencia médica e inversiones comprometidas en el pliego de licitación y en el contrato de concesión, resultaban de competencia conjunta del Municipio y de Lotería y Casinos a través de sus respectivas autoridades de aplicación.
“Amén de ello, si en razón de lo expuesto, el Municipio recibía denuncias, reclamos y avisos de que se estaban cometiendo irregularidades y en algunos casos delitos –falsedad ideológica de documentos como lo son las declaraciones juradas ante Loterías y Casinos y ante el propio Municipio-, en cuestiones relativas a premios, no podía permanecer impasible frente a tales eventos. Máxime cuando, dichas defraudaciones en materia de declaraciones juradas y premios, de manera indirecta repercutían en un menor porcentaje de inversiones por parte del concesionario sobre el predio del hipódromo, conforme se había exigido en el pliego de condiciones del llamado a licitación”.
De más está decir que, tratándose de funcionarios públicos, custodios de bienes y dineros comunitarios, no podían sustraerse a controles más exhaustivos, amparándose en cuestiones de competencia.

El Tribunal dio por probados los hechos, condenó a Espondaburu y absolvió a Allasia de culpa y cargo

El Tribunal condenó a Espondaburu y absolvió a Allasia por las anomalías en el Hipódromo

Con el libreto político bajo el brazo, funcionarios  defendieron la concesión del Hipódromo y minimizaron las irregularidades denunciadas

Con el libreto político bajo el brazo, funcionarios defendieron la concesión del Hipódromo

Ayer se reanudó el debate oral y público en el TOC 1, en que se ventila las responsabilidades penales de los funcionarios lunghistas ante la controvertida concesión del Hipódromo de Villa Aguirre, cuando el empresario Daniel Blanco (fallecido) se hizo cargo del circo de carreras.
La jornada programada se presumía nuevamente extensa y esta vez tediosa, fundamentalmente porque lo que se iba a exponer tenía que ver con informes, peritajes contables acerca de las tramitaciones para recibir los suculentos subsidios provinciales para volcarlos a premios de las carreras (60 por ciento) y en obras de mejoras en el predio (40 por ciento), tal rezaba el contrato de concesión acordado entre el empresario de Vista Serrana y el Municipio.
Sin embargo, y una vez disipados los interrogantes que hacían a los estudios contables para dejar en claro la defraudación realizada por el concesionario a la hora de volcar los recursos recibidos, más las presuntas responsabilidades de los funcionarios comunales por omitir controles y eventuales sanciones, arribó a la sala de debate en carácter de testigo Jorge “Piedrita” Rodríguez, responsable hasta ayer de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, recientemente excarcelado por una causa que se le sigue en su contra y otros funcionarios bonaerenses por un defalco de magnitudes, sindicado incluso como parte de una asociación ilícita  (ver aparte).
“El personaje” dejó su huella en lo que resultó el escandalosa concesión, habida cuenta que uno de los ejes por el que se transita el debate entre las partes versa sobre quién tenía el poder de contralor sobre la actividad que se desarrollaba en el circo de carreras. Hasta dónde el Municipio podía o debía controlar y dónde comenzaba a intervenir la Provincia, en este caso a través de Lotería y Casinos a cargo de Rodríguez, organismo que en definitiva derramaba los subsidios para que, en este caso el concesionario, afrontara los costos de la administración del Hipódromo como las inversiones acordadas.
Con la cintura ganada a través de sus más de treinta años en la función pública en una dependencia oficial donde se manejan muchos intereses y recursos, “Piedrita” pareció conformar a las dos partes. Dejando relativamente argumentos a las hipótesis de la fiscalía como de la defensa.
A más datos, a favor del fiscal, no dudó en calificar al Municipio como socialmente responsable de lo que hizo o dejó de hacer el concesionario (NdR. El empresario Daniel Blanco estaba imputado de defraudación al erario público). Para endulzar los oídos de la Defensa, el mismo exfuncionario hoy jubilado consideró que Loterías y Casinos de la Provincia tenía el poder indelegable de controlar la actividad turfística.
Fiscal y defensor,  entonces, tomaron provecho de la declaración para alimentar lo que será en el epílogo del juicio el tiempo de los alegatos que, a la fecha, aún no cuenta con certezas sobre el día a protagonizar el acto de rigor, siendo que restan desfilar frente el Tribunal testigos varios para una instrucción voluminosa como compleja, más allá de las sensibles imputaciones que pesan para con los acusados Pedro Espondaburu y Guillermo Alassia.
A esta altura,  cabe consignar que, independientemente a que la acusación llegue a buen puerto en cuanto a sus convicciones y pretensiones, se trató de una pesquisa seria, con un fiscal que trabajó minuciosamente y con rigor para protagonizar una implacable tesis, contrarrestada por la sapiencia de un defensor que supo y sabe lidiar con delicados asuntos penales con pupilos igual o más comprometidos que los de hoy.
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Números y más números
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La tercera audiencia comenzó con una fallida videoconferencia con los peritos que oportunamente intervinieron y dieron forma a peritajes acerca del estado del circo de carreras en tiempos de denuncias. Los profesionales citados para la ocasión dijeron desde La Plata no estar al tanto del caso por el que habían sido citados, acusando falta de notificación oficial al respecto.
No sin fastidio, desde la secretaría del Tribunal y las partes resolvieron postergar los esperados testimonios para próximas audiencias y, tras un cuarto intermedio, continuar con el comparendo de otros testigos traídos a la sede judicial.
Ingresó a la sala, consecuentemente, Virginia Gallo, exconcubina del denunciante Jorge Cuenca, quien respondió sobre las motivaciones que llevaron al cuidador a, primero, involucrarse en la recuperación del predio, y después protagonizar las desavenencias con el empresario Blanco y funcionarios comunales, hasta derivar en la denuncia penal.
La testigo, supo referirse a esos años de confrontación y exposición en pos de generar conciencia en la población sobre lo que estaba ocurriendo en el Hipódromo, acerca de las irregularidades en materia de inversiones para el predio como así también con las carreras oficiales y no oficiales que allí se montaban.
No dejó de mencionar, como vareadora que supo transitar la pista del circo de carreras de Villa Aguirre, que el estado de la misma estaba en malas condiciones y era un riesgo para los que allí practicaban y luego corrían. Lo propio diría sobre la empalizada y la precariedad de las edificaciones donde habitaban los protagonistas del turf.
Dijo haber sido testigo presencial de un encuentro casual callejero entre Cuenca y el exsecretario de Desarrollo Local Pedro Espondaburu, a quien su expareja le daba cuenta sobre las irregularidades. A consulta del defensor, la mujer no supo reconocer al funcionario nombrado, que estaba a escasos metros, sentado en el banquillo de los acusados.
Más luego devino en una ahora sí concretada videoconferencia con un instructor judicial con asiento en Azul. Se trató del contador Roberto Terille, quien oportunamente propiciara un par de informes que obran en el expediente acerca de los recursos que recibía la concesión en carácter de subsidios.
No fue casual que allí el fiscal Eguzquiza se detuviera en que el contador realizara un pormenorizado repaso de dichos informes acerca de los subsidios trimestrales recibidos y haciendo el cálculo con la cotización del dólar de esos años, buscando así darle dimensión de los montos que están en discusión. Cientos de miles de dólares fueron a parar a manos del concesionario sin mayores controles a la hora de corroborar el destino de los mismos en pago de premios por carreras (oficiales, no oficiales, cuadreras, simulcasting) e inversiones en un plan de obras que, a todas luces no lució nunca.
Dicho testimonio con su respectivo informe echaría por tierra lo que el intendente Miguel Lunghi expuso en su declaración en la pasada audiencia, cuando aludió a los retrasos en los pagos que la Provincia protagonizaba y que factiblemente los padecía el concesionario a la hora de poderlos volcar a lo que se había comprometido, incluso con el pago del canon.
Por lo dicho por el instructor, con respuestas oficiales de Lotería y Casinos en mano, Vistas Serranas cobraba en tiempo y forma suculentas sumas de dinero que no se volcaban  al menos al predio, como se había acordado, vía contrato de concesión con el Municipio.
Por caso, Blanco se había comprometido a donar un porcentaje de las carreras de simulcasting cuando superaba los 7 mil pesos de recaudación de apuestas. Al decir de los informes oficiales y el cálculo realizado por los contadores, claramente se superaba dicho monto pero nunca hubo donación alguna.
Respecto al incumplimiento del pago del canon, constan en el expediente cuando el Municipio, a través de la Secretaría a cargo de Espondaburu notificaba sobre la deuda con intimaciones y cartas documento (en tiempo que el Concejo exigía información), pero que no se avanzaba más allá.
De hecho, el fiscal apeló a un dato sugestivo.  A horas de protagonizarse la interpelación del Concejo Deliberante, de buenas a primeras el empresario pagó en concepto de canon lo que debía de meses.
 
Una contadora incómoda
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A su término, fue el turno de la contadora municipal Marcela Espino, quien debió afrontar un severo interrogatorio del Ministerio Público que por momentos incomodó a la funcionaria. De hecho, tras dar por culminado su testimonio, la contadora dejó la sala  sollozando, tal vez por la delicada situación de tener que afrontar preguntas en un ámbito desconocido como el penal.
De todas maneras, la mujer poco pudo aportar a las pretensiones de las partes.   La testigo apenas había participado de la apertura de la licitación de la polémica y no mucho más. Sin poder dar mayores precisiones sobre cómo el Municipio corroboraba si el concesionario cumplía con los pagos asumidos por contrato.
Sí Espino aceptó que de acuerdo a los minuciosos informes que exponía el fiscal evidentemente existían deudas del empresario para con el erario público, incluso con el no pago de los tributos municipales en el período de 2007 a 2010.
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Obras precarias
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También compareció ayer un albañil que oportunamente fue convocado por Blanco para realizar distintas obras de mejoras que se había comprometido en lo que concierne a los boxes como la hotelería del predio donde se ubicaban los jockey y cuidadores.
Al decir del propio testigo, las obras resultaron menores como precarias, con materiales usados y en lo que debía ser la hotelería en verdad parecía una matera. Por caso, se encargó de instalar un termotanque porque oportunamente no había agua caliente en el sector. El hombre instaló un aparato usado de 60 litros, para la gran cantidad de personas que utilizaban las instalaciones.
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“Pedrita” Rodríguez, de imputado
en La Plata a testigo en Tandil
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Cuando ya se transitaban horas vespertinas, llegó el turno de uno de los testimonios más esperados en el recinto. Se hacía presente Jorge “Piedrita” Rodríguez, quien estuvo al frente de Lotería y Casinos cuando se gestó la concesión del Hipódromo tandilense.
Tras repasar su rol en el organigrama provincial y sus más de 30 años como funcionario público, conocedor como pocos de la actividad hípica, repasó cómo se inició el proceso que generó la reapertura del histórico predio en Villa Aguirre.
Con claridad, el ahora exfuncionario procesado por una causa platense, afirmó que la autorización para la apertura del Hipódromo la realizó el Municipio, como así también gestionó los subsidios correspondientes que, primeramente se hacían por mes y luego pasó a ser en forma trimestral.
Aclaró que quien se encargaba de controlar que dichos subsidios cobrados en tiempo y forma fueran a parar al destino prefijado era la comisión de seguimiento dentro del organismo provincial. Una vez pasada la rendición de cuentas por dicha dependencia se aprobaba el pago del subsidio siguiente.
Sin pausa, afirmó tajantemente sobre la “solidaridad responsable” del Municipio con Vistas Serranas quien, en definitiva, logró la concesión por decisión de la comuna. De hecho, sumó que en principio hubo un aval del Municipio para que la empresa cobrara el dinero en cuestión.
Una vez más allí, el fiscal expondría el documento en el que el intendente Miguel Lunghi firmaba hacerse totalmente responsable del Hipódromo, foja que fue entregada a la Provincia.
Asimismo, respondió afirmativamente sobre la exigencia que hizo la Provincia para que el Municipio tuviera un veedor para controlar el cumplimiento de las obras exigidas por contrato. Por lo que la comuna tenía obligación de controlar.
No supo responder por qué entonces no se hizo caso a los informes lapidarios de dicho veedor que de buenas a primeras fue despedido.
También aludió a las inspecciones que la propia Provincia realizó a partir de las denuncias que Cuenca realizaba y allí empezó a relativizar las falencias citadas, ya sea de la pista de carreras o la empalizada que, a su entender, tenía las mismas precariedades que otros hipódromos.
“Había problemas subsanables”, supo decir ante preguntas del defensor que luego lograría sacarle la definición más preciada: quien tenía el poder de contralor de la actividad hípica era la Provincia, en lo concerniente a las carreras oficiales y no oficiales, el respetivo pago y el estado de los caballos, por citar ejemplos. No así las obras asumidas en el predio.
En resumidas cuentas, Rodríguez indicó que la autoridad de aplicación era un poder “indelegable” de la Provincia en materia de actividad turfística, pero el Municipio era “socialmente responsable” por haber dado la concesión.
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El controvertido testigo 
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Cabe consignar sobre el funcionario devenido en testigo, que fiscal, defensa como los jueces, primeramente debieron resolver sobre la situación procesal del citado, siendo que “por los medios” sabían sobre una imputación en su contra por una defraudación precisamente en Lotería y Casinos en tiempo de Scioli como gobernador.
La duda radicaba en si dicho procesamiento y causa respectiva tenía vinculación con la de aquí y ahora ventilada. El propio Rodríguez se encargó de aclarar que no. Que efectivamente estaba imputad y recientemente excarcelado por una causa independiente a lo que en Tandil se estaba investigando.
A más precisiones, el expresidente del Instituto de Lotería y Casinos bonaerense, a principios de enero se entregó a la justicia y quedó procesado por malversación de caudales públicos, al igual que el ex tesorero de la entidad, Jorge Maggi.
&#8220;Presentamos los informes de ausencia de antecedentes y peligrosidad procesal. Ellos no entorpecerán la investigación. Además, el delito que se les imputa es excarcelable porque tiene penas que van de 2 a 10 años de prisión&#8221;, explicó el letrado defensor de “Piedrita”.
Tanto Rodríguez como Maggi, más los empleados Marcelo Bordenave y Alejandro Selva, están acusados de haber malversado fondos públicos al haber emitido órdenes de publicidad apócrifas por más de 18 millones de pesos.
Según la investigación, entre abril de 2013 y 2015, se iniciaron expedientes para generar órdenes de publicidad apócrifas en favor de personas con las que los acusados estarían en connivencia.
La denuncia había sido radicada en 2016 por el entonces director de Lotería de la provincia de Buenos Aires, Eugenio López Melitón, tras una auditoría que realizó en el organismo cuando asumió el cargo.
La presentación judicial recayó en la fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Jorge Paolini, aunque una vez disuelta esa fiscalía pasó a la de Hugo Tesón.
En la causa también están involucradas al menos otras ocho personas, proveedores y empresarios, aunque la jueza no dio lugar a su detención debido a que consideró que tuvieron una participación &#8220;secundaria&#8221; en la maniobra delictiva.
Al decir de la información recabada, luego de pagar una fianza de 3.500.000 de pesos fue liberado “Piedrita” Rodríguez.
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Para el exdirector de Lotería y Casinos, la Provincia tenía un poder “indelegable” de contralor pero el Municipio era “socialmente responsable” con la concesión del Hipódromo

Para Lotería y Casinos, el Municipio era “socialmente responsable” del Hipódromo

En un reciente fallo, la Justicia pudo determinar la responsabilidad penal del reincidente por tercera vez Nicolás Alejandro Sosa, quien ahora fue condenado a la pena de cinco años y seis meses de prisión como autor penalmente responsable del delito de “Robo agravado por el uso de arma”, por un hecho cometido el 6 de abril de 2014.
Al decir del Tribunal, se acreditó que aproximadamente a las 20  del 6 de abril de 2014, Sosa entró a la Estación de Servicios Shell, ubicada en Colectora Macaya y Avenida Actis, se dirigió a la oficina, portando una cuchilla tipo carnicero, con la cual amedrentó a un empleado del establecimiento, a la vez que le manifestó, “dame el cuero &#8211; dale &#8211; dame el cuero”, para posteriormente sustraerle un teléfono celular y dinero en efectivo (2200 pesos) del cajón del escritorio de la oficina.
La mecánica del hecho pudo ser reconstruida en su integralidad, no sólo a través de la declaración en el debate de los testigos del suceso, sino también por las cámaras de seguridad de la estación de servicio que pudieron grabar la totalidad del hecho.
De la observación y el cotejo respectivo –entre la persona que aparece semi-tapada en las fotos y el imputado Sosa presente en el debate-, el juez pudo verificar la verosimilitud del señalamiento categórico que hicieran los funcionarios policiales, y principalmente el testigo en la diligencia de reconocimiento en rueda realizada en legal forma.
Vale reseñar que Sosa pretendió autoexcluirse de la responsabilidad en este suceso, relatando que el día del hecho entre las 20 y las 21 estaba haciendo mandados para preparar la cena y que en esa ocasión en la calle Quintana al 800 tuvo un accidente de tránsito con su motocicleta Gilera, impactando contra un vehículo Renault 12, fecha que recordaba porque faltaban 15 días para su cumpleaños que es el 20 de abril. Aclaró que como consecuencia del impacto se le quebró el horquillón de su moto y por ese motivo la dejó en la casa de un vecino de la calle Quintana, quien se la guardó por dos o tres días hasta que pudo ir a retirarla.
Al decir del magistrado, aun cuando no pueda descartarse, ni afirmarse absolutamente la ocurrencia de tal accidente mencionado por Sosa, lo cierto es que la colisión habría acontecido según dichos del imputado, el día del hecho entre las 20 y las 21, siendo el horario de ocurrencia del ilícito aproximadamente las 20.37, por lo que perfectamente existe la posibilidad de haber perpetrado el robo Sosa -que en tiempo real seguramente no duró más de dos o tres minutos, según describieron los testigos-, y pocos instantes más tarde, colisionar en la calle Quintana a la altura del numeral 800.

Sentenciaron a un reincidente por un asalto perpetrado en 2014

Condenaron a un reincidente por  un asalto perpetrado en 2014

En un reciente juicio abreviado, el Tribunal resolvió condenar a un grupo de jóvenes acusados de perpetrar ilícitos varios, sin solución de continuidad.
Se trató de Fabián Alberto González, alias “Potoco”, quien deberá purgar la pena de seis años y once meses de prisión por distintos robos y hurtos en varios propiedades.
Lo propio ocurrió con Luis Alberto González, alias “Lucho”, quien fue condenado a la misma pena de prisión.
Aldo Daniel Fernández, en tanto, fue sentenciado a la pena única de tres años y tres meses de prisión, y Leonardo Alejandro López, alias &#8220;Leo”, condenado a cuatro meses de prisión (bajo la modalidad de semi detención con prisión domiciliaria).
En el mismo juicio, se sentenció la suerte de Mario Santiago Nicolini, quien deberá cumplir la pena de tres años de prisión, de ejecución condicional.
Los hechos
Entre los hechos endilgados a los ahora reclusos, se dio por acreditado que el 14 de abril de 2018, siendo aproximadamente las  23.50, Luis Alberto González junto a Fabián Alberto González, previo escalar los techos de la planta baja del local comercial ubicado en calle Ijurco y Casacuberta, identificado como “Panadería Anahí” y, violentando la reja metálica de un ventiluz de la planta alta ingresaron al interior del citado comercio y se apoderaron ilegítimamente de la suma de mil quinientos pesos, latas de cerveza y botellas de Fernet
También se les acreditó que un año antes, el 26 de noviembre, siendo las 5.30, Luis Alberto González previo ejercer violencia sobre la puerta de chapa de ingreso a la vivienda sito en calle Güemes  2050, ingresó y se apoderó ilegítimamente de una garrafa de 10 kilos y ropas varias.
En otros ilícitos, se dio por probado que el 15 de setiembre de 2017, alrededor de las 22.30, Fabián Alberto González y Mario Santiago Nicolini, junto a otro sujeto masculino mayor de edad, de común acuerdo y previa planificación y división de tareas ingresaron intencionalmente al predio ubicado en calle Vigil 1650, contra la voluntad expresa y presunta de su propietario. Una vez en el interior, estos sujetos ejercieron fuerza sobre las trabas de la caja de plástico color gris que cubre la batería instalada en el camión marca Fiat, con la intención de apoderarse ilegítimamente de la batería, no logrando su cometido por cuestiones ajenas a su voluntad, como fue el arribo al lugar del hecho de una comisión policial, circunstancia que generó la fuga de González y Nicolini, procediéndose  a la detención del otro sujeto.
El 26 de abril de 2017, siendo alrededor de las 8, Fabián Alberto González y otro sujeto se hicieron presentes en una casa quinta sita en la intersección de las calles Vigil y Muñiz y se apoderaron de una máquina mezcladora  propiedad del albañil.
El 5 de enero de 2018, Leonardo Alejandro López y Fabián Alberto González se hicieron presentes en Darragueira y Juárez para sustraer elementos de valor de un vehículo automotor allí estacionado, robándose la batería.
El 24 de febrero del 2017, aproximadamente las 4.50, Mario Santiago Nicolini, junto a otra  persona no individualizada,  ingresó al domicilio de calle Machado 1642, donde se apoderaron de una motocicleta, no logrando consumar el ilícito ante la advertencia del suceso del damnificado quien dio alerta a  los efectivos policiales que concurrieron lograron aprehender a Nicolini.
Ya el 11 de enero de 2017, por la tarde, en las inmediaciones de la calle Casacuberta en dirección a Basílico, Nicolini interceptó a un hombre y comenzó a insultarlo, y, en un momento dado, le aplicó dos patadas a la altura de la rodilla izquierda, ocasionándole escoriaciones. Dos horas después Nicolini se constituyó en las inmediaciones del domicilio del agredido comenzando a provocarlo verbalmente e incitándolo a pelear, para luego arrojar una piedra hacia la ventana de la vivienda, lo cual produjo la rotura de los vidrios de ambas hojas, y luego huyó corriendo del lugar.
El 6 de mayo de 2018, siendo aproximadamente las 5, Nicolini se acercó a un joven que se encontraba en la parte exterior del local bailable Sol Disco, y se apoderó ilegítimamente del teléfono celular
El 6 de abril de 2018, Aldo Daniel Fernández, junto a Mario Santiago Nicolini, ingresaron al predio ubicado en calle Muñiz 2260 donde se apoderaron de una bicicleta, una sierra circular, una amoladora, una caja de herramientas de mano y tres teléfonos celulares.