El Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas elaboró un nuevo informe sobre el estado actual La Movediza 1 (lo que fue la toma en el lote de calle Piccirilli al 1000), en el que se registraron en particular las problemáticas originadas en el barrio por no contar con acceso formal a la energía eléctrica, pero en el que también relevaron la voluntad de las más de 130 familias por regularizar su situación.

“Creemos fundamental que las familias que viven allí sean escuchadas e incorporadas en un espacio participativo, una mesa participativa para discutir particularmente de qué manera se pueden desarrollar en este barrio. Las demandas no son nuestras, sino de las personas que viven en el lugar, y la principal es poder formalizar su situación. Dijeron que no quieren vivir más en la clandestinidad, y eso implica poder tener servicio de energía eléctrica, poder pagar su terreno, y un montón de aspectos vinculados a la regularización dominial, a los cuales tienen voluntad de contribuir”, transmitieron Dana Valente Ezcurra, Jésica Esparza y Paloma Draghi, parte del equipo de Hábitat y Derecho a la Ciudad del Observatorio Social.

El informe se denomina “Situaciones problemáticas a considerar para el acceso a la energía eléctrica en el Barrio Popular La Movediza I – Tandil”, y llevó meses de trabajo, visitas al barrio, relevamientos casa por casa y análisis de datos. Incluyó también talleres participativos no solo con adultos sino también con niños y adolescentes, quienes entre otros aspectos manifestaron que la oscuridad es uno de sus principales temores.

Tras la ocupación del lote de calle Piccirilli al 1000 en febrero de 2023, comenzó un proceso penal que se agotó en julio pasado, cuando la Justicia determinó que no existió delito de usurpación –porque el terreno forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares-, por lo que archivó la causa. El hasta entonces particular damnificado –el vecino dueño de un vivero que contaba con la titularidad del macizo- inició un nuevo juicio por vía administrativa, para obtener una indemnización.

De acuerdo al Renabap, el barrio es actualmente La Movediza 1 (ID 608), y según el relevamiento de la Unicen cuenta con 130 parcelas por las cuales casi un 80 por ciento de los habitantes posee Certificado de Vivienda Familiar. Sin embargo, estos continúan sin acceso formal a los servicios básicos, y en particular a la energía eléctrica.

El sábado 15 por la mañana, El Eco de Tandil volvió al barrio. Mientras algunos vecinos seguían avanzando con la edificación de sus viviendas, moviendo ladrillos y levantando paredes, otros cortaban el pasto. Muchos ya instalaron los postes de luz reglamentarios, a la espera de dejar las conexiones irregulares.

Tener luz

El objetivo principal del mencionado informe fue el de “caracterizar las situaciones problemáticas en torno al acceso a la energía”. Además de relevar los datos sobre la cantidad de parcelas y constatar la tenencia de Certificados de Vivienda, el texto también se propuso considerar la situación de los vecinos en relación a los requerimientos de parte de la Usina para dotar del servicio, y dar cuenta de situaciones problemáticas “advertidas en relación al agravamiento de las condiciones de vida como resultado de la precariedad socio habitacional y la exclusión sociourbana”.

El informe concluye señalando la “situación de emergencia habitacional y social crítica” en el barrio, en particular en relación al acceso a servicios. Si bien hace mención a que de acuerdo a la normativa vigente el Certificado de Vivienda es suficiente para poder solicitar la conexión eléctrica formal, indica que desde la Usina se incorporaron requisitos que “desconocen la obligatoriedad del cumplimiento de los derechos de habitantes de barrios populares”.

Las integrantes del Observatorio Social que dialogaron con El Eco de Tandil destacaron del informe las recomendaciones “para el diseño marco de la resolución no punitiva del conflicto”. En principio el acceso a los servicios urbanos, no solo electricidad sino también agua, cloacas, recolección, apertura de calles y pasajes, entre otros.

Pero las recomendaciones señalan además la necesidad de “adoptar un enfoque de derechos reconociendo la normativa vigente en materia de derechos humanos fundamentales y acceso justo al hábitat”, “incentivar la desestigmatización de la ciudadanía que habita en asentamientos precarios capacitando a agentes públicos y efectores de áreas de atención”, “impulsar de manera urgente la intervención articulada entre instituciones y organismos pertinentes de cara a garantizar el acceso formal a la energía eléctrica”, y “promover la implementación de abordajes integrales y participativos en el desarrollo de las políticas de hábitat e integración sociourbana”.

En ese marco el informe propone crear una “Mesa de Gestión Interinstitucional” con participación de organismos nacionales, provinciales, municipales y vecinos, así como también co-diseñar un Plan para la Integración Sociourbana de la extensión del barrio popular La Movediza 1 que incluya la apertura de calles, la extensión de redes de servicios y la instalación de espacios públicos seguros.

Sobre el autor

Juan Manuel Artero

Redactor El Eco de Tandil